Clavijo se enreda con la Ley del Suelo y dice que la suya acabará con la corrupción de la anterior

Clavijo ha señalado que los "verdaderos beneficiarios" del actual sistema son los "poderosos", que tienen capital económico para contratar a economistas y despachos de abogados y al final, tienen "menos problemas para invertir que el pobre desgraciado"

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, tocó ayer material sensible: afirmó que la futura Ley del Suelo, por él abanderada, “democratiza el urbanismo” y lo hace más transparente, a diferencia del modelo territorial actual, a su juicio, “muy dado a la corrupción”. Tales declaraciones, recogidas por Europa Press, en un desayuno informativo con empresarios y políticos, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), recibieron contestación de PSOE y Podemos. A ambos les parece que precisamente este proyecto de ley contiene medidas que favorecerán la corrupción urbanística, como algunos instrumentos extraordinarios o la supresión de la Cotmac.

Para Clavijo, los “verdaderos beneficiarios” del actual sistema son los “poderosos”, que cuentan con capital económico para contratar a economistas y despachos de abogados y, al final, tienen “menos problemas para invertir que el pobre desgraciado”. En su opinión, “el sistema actual es poco transparente”, pues “los más listos y los que más dinero tienen se salen con la suya”, de ahí que apueste por una nueva ley, “menos compleja y menos orientada para las élites”. Curiosamente, esta misma argumentación es la que usan los detractores de la ley para arremeter contra Clavijo.

Su antiguo socio, el PSOE, discrepa de este planteamiento. “Con esta Ley del Suelo tendremos una normativa de ordenación del territorio que podría llamarse: nuevos instrumentos de corrupción urbanística. Es cierto que el modelo territorial actual del pelotazo es muy dado a la corrupción, porque es ilegal”, manifestó el portavoz socialista en el Parlamento canario, Iñaki Lavandera, quien enfatizó que “lo ilegal será de este modo legal”. Recuerda el diputado socialista que “ningún Gobierno canario quiso nunca aplicar la legislación del territorio de forma honesta, y por eso empezaron a hacer trampas; y fueron aprobando leyes que hacían excepciones al planeamiento para casos particulares (solo les faltaba poner nombre y apellidos), lo que generó la maraña normativa”. Desde Podemos, la diputada Natividad Arnáiz sostuvo también la postura totalmente opuesta a Clavijo: “La Ley del Suelo será el epicentro de la corrupción del futuro”. “El señor Clavijo cree que la ciudadanía no sabe leer, y no lo cuenta todo: si la Ley fuera tan inocente, no se hubiera redactado con empresarios, y en tiempo récord, ni con tal cantidad de instrumentos excepcionales”, arguyó la parlamentaria.

“En el Parlamento ya CC nos explicó claramente que servían para poder hacer grandes inversiones en nuestro territorio en tiempo récord, y eso solo se puede hacer saltándose el planeamiento, algo que solo podrá hacer quien tenga millones de euros”, añadió Arnáiz. Para Podemos, “la ciudadanía no es tonta, aunque Clavijo la trata como tal en esas declaraciones que, por cierto, son fácilmente desmontables”.

La tramitación de la Ley del Suelo ha salido de la fase de ponencia parlamentaria, donde los asuntos más polémicos tienen el aval de CC, PP y ASG (mayoría suficiente para aprobarla) y ahora se tratará en comisión, antes de ir al Pleno para su debate y aprobación definitiva.

LAVANDERA

“El pelotazo se convertirá en legal si se aprueba la ley tal cual está”

“Con la nueva ley, el pelotazo se convierte en legal”, enfatizó Iñaki Lavandera, para quien, “como siempre, el poder gobierna y legisla para sí mismo, para sus intereses”. “Es tan transparente con la nueva ley, que ya no tienen que disimular las grandes operaciones especulativas, ni esconderlas en complicadas justificaciones en el planeamiento: pueden estar tranquilos, porque ahora para vender, especular y destruir nuestra tierra, a favor de los grandes operadores turísticos e inmobiliarios, solo tienen que hacer un simple trámite, siendo legal aprobar algo que en un plan está prohibido”.

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