Los 85 trabajadores de la empresa que tiene concedido el servicio de ambulancias de La Palma, García Tacoronte, comenzarán el 31 de julio una huelga indefinida como protesta ante las deficiencias que en materia de seguridad laboral vienen padeciendo desde hace tiempo, tal y como informó en rueda de presenta el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO).
El responsable de la negociación del convenio regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Pedro Moreno, que compareció acompañado por otros responsables sindicales del sector, destacó una serie de deficiencias que viene padeciendo el servicio que presta esta empresa y que no se han resuelto a pesar de las reclamaciones. Es más, aseguró que “ya está constatado que cada vez que algún trabajador o miembro del comité de empresa presenta una reclamación, normalmente es sancionado”.
Moreno asegura que esta entidad, “en mi opinión, utiliza de forma fraudulenta el dinero público que recibe, porque tiene obligaciones que cumplir y si las hace, las hace de forma precaria, y en algunos casos no presta el servicio que está obligado por el pliego”.
Así citó el hecho de “dotarse de material de ambulancias sacándolo del Hospital o de centros de salud, que no es más que una irregularidad que no tiene explicación ninguna”. Sobre incumplimientos del pliego de condiciones, también destacó la falta de base en la zona este. Hace unos meses denunciaron que faltaban 3 unidades de transporte sanitario no urgente y Moreno destaca que tras la queja se habilitó una, “por lo que siguen faltando dos para prestar el servicio en las condiciones que debe hacerse”.
Ademas critica que “este tipo de transporte no lleva la plantilla necesaria para hacerlo con garantías”. “A veces solo con el conductor, o el camillero hace de conductor, desdoblando la plantilla para tapar las necesidad de ampliarla para que en las unidades vayan dos profesionales”. Para el representante sindical, existe también “todo un deterioro continuo de la flota de la empresa en la Isla, fundamentalmente la del transporte programado, aunque también en el urgente”. De hecho, indicó que han conseguido que se corrija el pase de los vehículos por la inspección técnica gracias a sus denuncias.
Subraya que la reparación general de los vehículos se hace de manera “tercermundista”. “Todo esto lleva a que la flota no está en condiciones de seguridad para la ciudadanía y los trabajadores del sector”. A ello suma el hecho de que “las tripulaciones que han denunciado el estado del vehículo y la falta de vigilancia técnica de los mismos, han sido sancionados y están calificadas las faltas como graves”.
El sindicato ha presentado un expediente sobre esta situación a Gestión Sanitaria de Canarias, acompañado de dos actas de Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, que se levantó con una infracción a la empresa. Este departamento del Gobierno de Canarias realizó una auditoría y aunque oficialmente no conocen el resultado, sí le trasladaron verbalmente que “el informe dice que aquí está todo bien”. Por lo que finalmente han decidido ir a la huelga.
Desde el sindicato señalan que no solo van a cumplir con los servicios mínimos, sino que están dispuestos a ampliarlo si el Servicio Canario de Salud acepta sustituir la coordinación del servicio en La Palma, que lleva la misma empresa, “el zorro cuidando las gallinas”, por personal propio para este conflicto laboral. “Queremos resolver un problema laboral, pero no generar un problema a los pacientes”, añadió.
De la plantilla original de la empresa García Tacoronte, que se implantó en La Palma en 2009, y actualmente tiene la concesión después de tres prórrogas, el 30% ha sido despedida. Una cifra que Pedro Moreno tildó de “muy grave”, siendo “la única empresa que tiene este nivel”. “Pensábamos al principio que era una purga sindical, pero vemos que se están desprendiendo de personas cuya indemnización es muy baja para sustituirlos por personal en práctica, que están pagando de manera fraudulenta, por debajo de lo que debería, pero que están saliendo casi el 50% menos que los profesionales”. “Están empleando esta formula para tener empleados baratos”, añadió.
Además recalcó que este empresario tiene dos sentencias en La Palma, en la que “nos dicen que no reúne las condiciones mínimas para prestar al servicio”. Por lo que no entiende que el Gobierno de Canarias no asuma la decisión de sustituir a esta empresa por otra que reúna las condiciones técnicas para prestar el servico.
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