Sobresaliente disparidad de criterios entre el Ministerio de Justicia y el sector judicial de Canarias al evaluar la necesidad de crear juzgados en las Islas. Un borrador del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS contempla cinco nuevos órganos judiciales en el Archipiélago, pero solo coinciden con lo solicitado desde esta parte del Atlántico en el número. Incluso, de los cinco pedidos, cuatro eran para la provincia tinerfeña y el restante para Las Palmas, pero en el borrador ministerial esa proporción es, exactamente, la contraria. Si el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial no lo remedia antes, será en la cumbre que celebrarán mañana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con los consejeros autonómicos (entre los cuales figura el majorero José Miguel Barragán), donde se buscará un acuerdo ante semejante disparidad de pareceres.
En concreto, la Consejería de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional solicitó en su día cuatro nuevos juzgados en la provincia occidental y uno en la oriental. Ello se debe al desequilibrio actual existente en las necesidades más urgentes de la Justicia en Canarias, que va más allá de las conocidas carencias en cuanto a sedes que sufren los partidos de Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura.
Así, para Tenerife se pidieron refuerzos en los órdenes de lo social, lo penal (dos) y lo mercantil, pero en el borrador solo aparece un civil por el que nadie se había interesado: Primera Instancia Número 11 de Santa Cruz de Tenerife. Por contra, para Las Palmas se contemplan cuatro: dos civiles, los de Primera Instancia Número 17 de Las Palmas de Gran Canaria y Número 6 de Telde; uno de lo social, Número 4 de Arrecife; y uno de Vigilancia Penitenciaria (Número 3) que, si bien es de ámbito regional, tiene sede en la otra capital de la Comunidad.
Desde la sección judicial de Intersindical Canaria, su portavoz, David Ortuño, manifestó ayer a este periódico su asombro por el contenido del borrador gubernamental, “dadas las cargas de trabajo que están soportando los órganos judiciales de la jurisdicción social, penal y mercantil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife”..
Hay que tener en cuenta que la decisión ministerial para crear estos 89 juzgados por todo el país llega tras varios años de penurias provocadas por la acumulación de asuntos y que se han visto notablemente agravadas por el recorte radical de, simplemente, no crear más órganos judiciales en toda España, adoptada dentro del escenario provocado por el inicio de la actual crisis económica que siguen padeciendo los ciudadanos.
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