Recurso, nueva tramitación y Ley del Suelo, soluciones de Bermúdez

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, intenta trasmitir “tranquilidad”. Asegura que la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no va a suponer una parálisis de la ciudad y que por eso se recurre la decisión judicial, y que, por el mismo motivo, se inicia, en paralelo, la revisión del planeamiento, para ganar tiempo. Además, confía el regidor municipal en que la Ley del Suelo, que entra en vigor en septiembre, le ayude en este último cometido, el de la revisión, puesto que su aplicación le permitirá al Ayuntamiento iniciar dicho trámite sin tener que pasar por el “dudoso control de legalidad” de la Cotmac. Sin embargo, las reacciones que se suceden al fallo del alto tribunal canario no se mueven en la misma dirección que apunta el alcalde, que son mucho más pesimistas. Ni siquiera el Gobierno de Canarias, como responsable de la Cotmac, de la que el alcalde de Santa Cruz espera que recurra el fallo del TSJC, ha respondido con firmeza y solo avanza que “estudia” el posible recurso.

Bermúdez defiende que recurrir y revisar el Plan son dos caminos compatibles. “Tenemos que seguir ambos por responsabilidad y por prudencia jurídica”. En cuanto al recurso, señaló: “Lo hacemos porque entendemos que hay fundamentos para poder defender que el Ayuntamiento obró de manera legal”.

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Respecto al trámite de revisión, afirmó que tienen “que aprovechar este revés para convertirlo en una oportunidad; de tal manera que actualicemos la ordenación urbanística de la ciudad con un nuevo Plan General en el que se incluyan todos los trabajos que se están haciendo con los planes especiales o el levantamiento de las suspensiones, de forma que se incluya todo aquello que el Plan del 2013 no tenía y que ahora puede tener”.

Mientras tanto, “hasta que el recurso sea contestado por el Supremo, habrá un plan vigente y se aplicará. Precisamente, el recurso es el que me permite tener vigente el plan”, defiende.
Sin embargo, esta última afirmación del regidor local -aunque compartida en parte por los expertos consultados por DIARIO DE AVISOS-, según advierten los especialistas, tendría un efecto perverso. Explican que la presentación del recurso en efecto da un carácter suspensivo a la sentencia del TSJC, no obstante, existe una excepción que tiene que ver con la parte beneficiada por el fallo y es que puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Si el TSJC concede esa petición, dejará de aplicarse el Plan de 2013, aunque esté pendiente del recurso de casación, por lo que el planeamiento quedaría remitido al de 2005. Los mismos expertos señalan que la doctrina del Supremo en este tipo de recursos es clara, tanto que aventuran que el citado recurso está condenado al fracaso no solo porque sea desestimado, sino porque sea inadmitido.

El vaso medio lleno

El alcalde sabe que el trabajo que queda por delante es arduo, pero insiste en que debe verse el vaso medio lleno. “Una de las reclamaciones míticas al plan es que remitía muchas cosas a planes especiales. Pues ahora podemos aprovechar para incluir en una nueva revisión todo eso y no tener que estar difiriéndolo a momentos posteriores”. Habla el alcalde de planes como el de Las Teresitas o el del Parque Marítimo, ámbitos que dejarían de estar remitidos a un plan especial, para formar parte del conjunto del PGO, como otros suelos de la ciudad.
Insiste el alcalde en que “no se han tirado recursos”, porque “solo hay que incluirlo todo en un texto refundido, con una revisión del plan y lo actualizaremos al plan de hoy”. Admite Bermúdez que uno de los errores del PGO es que se tardó 14 años en tramitarlo. “Ahora podemos actualizar el planeamiento, no como se pensó hace 14-15 años, sino como está ahora”, añade.
En este camino entra la Ley del Suelo, “una norma que nos permite, sin necesidad de un dudoso control de legalidad realizado por la Cotmac, y digo dudoso porque ahí están las sentencias, iniciar directamente la modificación del planeamiento. Creo que podemos aprovechar ese momento jurídico, sumarlo al trabajo ya realizado y, con todo hacer una nueva revisión”.
El alcalde nacionalista defiende que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer. “Este es un asunto administrativo, no es de carácter penal. Siempre hemos actuado, este grupo de gobierno, el anterior e incluso los que hubo antes, conforme a los informes de los servicios jurídicos, de la secretaria del Pleno y, por supuesto, de quien tiene que hacer el control de legalidad del planeamiento, que es la Cotmac”.

En estudio

Desde la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, el apoyo dado al Ayuntamiento no fue precisamente muy explícito, ya que se limitó a decir que ha puesto en manos de los servicios jurídicos del Gobierno la posibilidad de recurrir ante el Supremo la sentencia. La Consejería afirma que los contenidos ambientales del PGO -que fueron sometidos a los trámites de información pública legalmente establecidos- sí integraron los aspectos ambientales en el proceso de redacción del Plan, al realizar el diagnóstico ambiental del territorio… No se puede decir que este Plan no contenga Evaluación Ambiental”, concluyó.