“El fiscal jefe de Canarias debe dar explicaciones por la vulneración de mis derechos fundamentales; entiendo que tendrán que asumirse responsabilidades y que, incluso, debería meditar en si lo correcto sería dimitir del cargo”. Así se manifestó ayer la magistrada Victoria Rosell tras conocer la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha declarado nula la investigación preliminar que realizó la Fiscalía a dicha juez en noviembre y diciembre de 2015, al entender que invadió aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados que está reservado al Consejo General del Poder Judicial, así como que hubo vulneración del derecho de defensa de Rosell, tal y como informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Se da la circunstancia, además, de que, con esta sentencia, el Supremo anula otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideró que la Fiscalía no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.
Para el alto tribunal, sí puede llevarse a cabo ese tipo de investigación siempre que sea muy preliminar y temporalmente se limite a lo estrictamente necesario para determinar si procede o no instar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la incoación de un expediente disciplinario.
Por ello, considera que el decreto de inicio de las diligencias preprocesales que la Fiscalía de las Palmas abrió a la magistrada Victoria Rosell tras recibir una denuncia anónima fue proporcionado. Sin embargo, anula la investigación porque no se quedó en aspectos preliminares, sino que se excedió e invadió las competencias disciplinarias del CGPJ.
En conversación con este periódico, la magistrada mostró su agrado por lo que supone de reconocimiento de esa vulneración de sus derechos fundamentales, que considera “gravísima, dado que, no lo olvidemos, la Fiscalía tiene la obligación, precisamente, de velar por los mismos, y en esta ocasión no solo no ha sido así, sino que fue justo lo contrario de las funciones que tiene asignadas en nuestro ordenamiento jurídico”.
Para Rosell, no hay dudas de que se trata de una maniobra de carácter político cuyo fin era “destruir mi campaña en beneficio del que considero instigador de la misma, José Manuel Soria, quien salió beneficiado”. Cabe recordar que, cuando se produjo la investigación de la Fiscalía, Rosell y Soria se presentaban como candidatos al Congreso por la circunscripción de la provincia de Las Palmas al frente de las listas de Podemos y PP, respectivamente.
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