Más de una quincena de recursos se habían presentado contra la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz en 2013. Recursos que el Ayuntamiento de Santa Cruz había ido sorteando con más o menos fortuna hasta ayer, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicó al Consistorio que anula el PGO por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica, trámite este que la Comisión de Ordenación del Territorio (Cotmac) autorizó que se excluyera. El recurso estimado por el alto tribunal canario corresponde al presentado por la empresa Puzolana y Áridos de Tenerife, que en primera instancia había recurrido un aspecto concreto, el cambio de uso de la parcela del aparcamiento del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Este acto fue rechazado en primera instancia, pero en el recurso introdujo el argumento de que la falta de evaluación ambiental estratégica convertía el PGO en nulo. Este mismo argumento fue el que llevó a la anulación de los planeamientos de Arona y de El Rosario, municipio este último que el TSJC cita como ejemplo de la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo, que acabó anulando su Plan General por el mismo motivo que ahora se anula el de Santa Cruz.
Las implicaciones de esta decisión son del todo demoledoras para el futuro urbanístico de la ciudad. Y es que, aunque el Ayuntamiento ha anunciado de manera increíblemente rápida que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la realidad es que la incertidumbre jurídica que se abre es tan alta que la prudencia hace que se paralicen tanto los planeamientos especiales que penden del Plan General (Las Teresitas o el Parque Marítimo) como la concesión de licencias para proyectos particulares que se quieran desarrollar en la ciudad.
Según las fuentes consultadas, el fallo no es suspensivo; es decir, mientras esté vivo el recurso anunciado, en principio todo sigue igual, pero en la práctica “nadie se va a arriesgar a invertir en una ciudad cuyo planeamiento depende de una sentencia del Supremo”, indican las fuentes consultadas. Una decisión la del TS que, por otra parte, ya ha expresado en los casos de El Rosario y Vigo.
La otra opción que tiene el Ayuntamiento, y que defienden los expertos consultados, pasa por no recurrir y ponerse a trabajar desde ya para modificar el PGO, sacarlo de nuevo a exposición pública e iniciar todo el camino de aprobación hasta la aprobación definitiva. Hay voces que apuntan que la Ley del Suelo, que entra en vigor en septiembre, permitirá sacar adelante los proyectos más importantes, pero no así el planeamiento al detalle.
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