La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno canario, Cristina Valido, apeló ayer a la búsqueda del consenso de los grupos parlamentarios para que en el último semestre del año se apruebe el proyecto de Ley de Servicios Sociales y pueda entrar en vigor en 2018, ya que, de lo contrario, las ONG del llamado tercer sector no podrán seguir recibiendo subvenciones para llevar a cabo su labor, salvo que se presenten a un concurso público en el que también podrán participar empresas. “Y el daño a esas organizaciones sociales y al servicio que prestan a la sociedad sería tremendo”, previno la alto cargo gubernamental.
Valido afeó al presidente regional del PP, Asier Antona, que, en una entrevista en DIARIO DE AVISOS, diga que no descarta una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, pues, según subrayó la consejera, el anteproyecto de ley enviado al Consejo Consultivo, y que en septiembre llegará al Parlamento canario como proyecto, recoge las propuestas de administraciones públicas, colegios profesionales y organizaciones sociales. De ahí que no comparta que “se use esta iniciativa para hacer política y como manera de erosionar políticamente” al Gobierno.
La titular de Política Sociales recordó que este es el último año en que la Intervención de la comunidad autónoma permitirá otorgar subvenciones nominadas sin concurso público, por lo que solo con la prevista nueva ley se podrá tener un marco legal para que estas entidades puedan continuar su labor mediante las fórmulas jurídicas del convenio y el concierto.
Por tanto, a su juicio, “antes de hablar de enmiendas a la totalidad, lo cual echa a temblar a la gente, es necesario que el PP y los demás grupos parlamentarios analicen en profundidad qué supondría llegar a enero de 2018 sin una nueva ley”.
En cuanto a los contenidos del anteproyecto, Valido justificó que el catálogo de servicios obligatorios debe remitirse al desarrollo reglamentario de la ley, y no figurar en el propio texto legal (el PP defiende lo contrario), pues puede estar sujeto a modificaciones continuas para adaptarse a la realidad de cada momento, “y es más fácil y rápido cambiar un reglamento que una ley”.
Avanzó además que en septiembre se crearán las mesas para trabajar, con los colegios profesionales, las administraciones públicas y las organizaciones sociales, en ese catálogo, que definirá en qué consiste cada servicio, qué profesionales requiere, a quién compete, quién lo financia y cuál es su coste total y por día, entre otros aspectos. Sobre el número de alegaciones aceptadas, 207, asegura que puede parecer pequeño, pero no si se tiene en cuenta que esa cifra se refiere a la última fase de recogida de propuestas, pues se han elaborado hasta 10 borradores porque ha sido un proceso largo y “participativo” de elaboración del anteproyecto, que arrancó hace años.
Apuntó que el 70% de las alegaciones son idénticas y se refieren a un asunto que prefiere dejar en manos del Parlamento aceptarlo o no, mientras que se han incorporado las propuestas que parecían “más claras”, como eliminar la previsión de una tarjeta física para los beneficiarios de servicios sociales, al entender que bastará con el DNI y los procedimientos de la administración electrónica.
Añadió que se han aceptado alegaciones de los ayuntamientos (a través de la Fecam) y de los cabildos (mediante la Fecai), con las que se aclara la relación entre las distintas administraciones públicas. Insistió la consejera, de Coalición Canaria, en que “no se puede hacer política con los temas sociales”, y en este sentido contrastó su actitud “constructiva” con el Gobierno estatal en las conferencias sectoriales a las que asisten todos los Gobiernos autonómicos, con la actitud del PP en Canarias. “Me resulta increíble que yo a esas reuniones en Madrid vaya con afán de colaboración, incluso cuando todas las comunidades autónomas no gobernadas por el PP se oponen a iniciativas que considero buenas para los ciudadanos, y luego aquí, en Canarias, me encuentro con un PP que parece jugar a hacer política con esto”. “No quisiera llegar a pensar que no tiene sentido ese afán mío de colaboración con el Gobierno estatal”, advirtió. Y enfatizó que “esta no debe ser la ley de Patricia Hernández, ni la de Cristina Valido”, sino fruto del consenso.
Por todo ello, defendió que los grupos parlamentarios “están ahora ante la oportunidad de debatir una de las leyes más importantes de la legislatura para los ciudadanos, porque se trata de garantizar la atención a los más necesitados”. Sostuvo que se trata de un documento que “se puede mejorar entre todos” durante el trámite parlamentario, el cual, reiteró, no se debe bloquear “para erosionar políticamente al Gobierno canario”, porque al final los perjudicados serán los ciudadanos. “Ni con los servicios sociales ni con el paro creo que se debe hacer política”, concluyó la titular de Políticas Sociales y Empleo.
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