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Promueven la continuidad de la Cofradía como “refugio pesquero”

El Ayuntamiento de Santa Cruz solicitará al Gobierno de Canarias la incoación de un expediente para la declaración del espigón donde se encuentra la Cofradía de San Andrés como “refugio pesquero”
La Cofradía de Pescadores de San Andrés lleva 40 años en su actual ubicación en la playa de Las Teresitas. S. M.

El Ayuntamiento de Santa Cruz solicitará al Gobierno de Canarias la incoación de un expediente para la declaración del espigón donde se encuentra la Cofradía de San Andrés como “refugio pesquero”, lo que permitiría el mantenimiento de las instalaciones. Esta medida vendría a dar respuesta a la amenaza de cierre que se cierne sobre la Cofradía, a la que la Gerencia de Urbanismo ha abierto un expediente de actividad clandestina y le ha dado 15 días para que presente las licencias que amparen su actividad, tal y como avanzó DIARIO DE AVISOS.
La solicitud de refugio pesquero, que ya fue apuntada la semana pasada por Sí se puede, es una de las medidas acordadas durante la reunión celebrada ayer en el Consistorio a iniciativa del alcalde, José Manuel Bermúdez, en la que participaron representantes de la Dirección General de Costas, de la Autoridad Portuaria y de la propia Cofradía, además de Carlos Correa, quien asume estos días las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Las dependencias de la Cofradía se encuentran en suelo rústico de protección ambiental, con categoría de Suelo Rústico de Protección Costera, una figura que podría facultar la declaración de refugio pesquero y, con posterioridad, permitiría la reordenación y mantenimiento de las mismas bajo tal consideración. El Ayuntamiento también solicitará al Gobierno de Canarias que promueva la modificación de la nueva Ley del Suelo para permitir como usos y actividades complementarias de las cofradías de pescadores los servicios de restauración.

Se da la circunstancia de que la actual redacción de la ley permite la prestación de servicios de este tipo en explotaciones agropecuarias con productos vinculados directamente a las mismas, pero no así en el ámbito pesquero. Se trataría, en consecuencia, de que el Gobierno inste a la modificación de la norma o, en su defecto, realice una interpretación flexible sobre el artículo en cuestión que dé amparo legal a la prestación de los servicios de restauración. En cuanto al expediente de actividad clandestina, el alcalde señaló que no puede paralizarlo.

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