La reciente anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) supone, en la práctica, un retroceso considerable en la planificación urbanística de la capital provincial, por cuanto la pérdida de vigencia de dicho documento, fechado en 2013, implica la recuperación del aprobado en 2005, que no es más que una actualización básica del de 1992. Dicho de otra manera, el reloj chicharrero retrocede un cuarto de siglo.
Ello obliga al Ayuntamiento, cuyos técnicos saben que un posible recurso ante el Tribunal Supremo solo retrasará unos meses dicha anulación del PGO, a buscar soluciones para problemas que ya se habían superado o que se originan ahora al perder ciertos proyectos el sustento legal que le daba el plan de 2013.
Así lo entienden los abogados de Justicia y Sociedad José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, cuyo desempeño en casos como el de Las Teresitas, donde ejercieron la acusación popular, o el hecho de que el propio Espinosa fuera una de las cabezas visibles de la Plataforma contra el PGO, avalan sobradamente su amplio conocimiento sobre el tema que nos ocupa.
Eso sí, es menester dejar claro que los problemas que se exponen a partir de ahora tienen, en gran medida, solución, pero para ello necesariamente requieren de una intervención municipal. Habrá horas extra en la Gerencia de Urbanismo.
Fuera de ordenación
Esta vuelta atrás de las manecillas urbanísticas capitalinas obliga a recuperar graves problemas, como el de las viviendas fuera de ordenación, que si bien no están del todo solucionados, sí que se habían aminorado considerablemente.
En este caso, que causó una respuesta popular formidable entre los vecinos, la reconsideración del uso de las primeras plantas de muchos inmuebles aparejada al PGO ahora anulado facilitó un margen adecuado para devolver a la legalidad a muchísimas viviendas localizadas en barrios como, por citar dos ejemplos indudables, el de Duggi o La Salud.
Gimnasio de La Salle
El proyecto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que gestionan el santacrucero colegio de La Salle para mejorar las instalaciones deportivas del centro acabó siendo, a cuenta de un exceso en la construcción, uno de los peores quebraderos de cabeza para los gestores municipales de hace unos años.
Después de que la Justicia anulase la inicial decisión municipal de demoler el gimnasio en cuestión, la solución a este problema se logró gracias a un acuerdo adoptado por Urbanismo hace unos meses que se basa, como ya lo habrán imaginado, en el plan anulado ahora por el TSJC.
El dichoso mamotreto
Está en todas las salsas, y en una tan picante como la que nos ocupa no podía faltar. Como si de una carambola temporal se tratase, las posibles consecuencias pasan por la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el inacabado aparcamiento erigido en la cabecera de Las Teresitas, ya que se abría una puerta para evitar su demolición.
Dicha puerta era una legalización de lo construido a través del planeamiento municipal, en lo que se antojaba como una invitación a futuro. Sin embargo, ahora sería lo contrario, ya que el plan de 2005 prevé un, digamos, minimamotreto. ¿Se puede salvar esa parte? Lo complejo de este debate jurídico impide ofrecer una respuesta induditativa, y más si se repara en la sentencia dictada por la vía penal en la Audiencia, que es pura dinamita para todo lo que sea normativa municipal referente a esta playa.
El Sobradillo
Si con el fuera de ordenación y el gimnasio de La Salle mirábamos hacia el pasado, el mamotreto es parte del presente. En este repaso al nuevo escenario del urbanismo capitalino le llega el turno a lo por venir, y en ese futuro inmediato no puede faltar uno de los grandes proyectos capitalinos: la gran Ciudad de la Justicia. Sin el plan de 2013, la opción de ubicarla en El Sobradillo resulta inviable porque, dicho con la mayor claridad posible, no cabe en lo previsto anteriormente para este barrio del suroeste. Curiosamente, el barrio de Cabo Llanos (principal alternativa para la reunificación de los juzgados santacruceros) es otro de los grandes afectados por el adiós a las normas de 2013, habida cuenta de los relevantes efectos que las mismas provocan en esta parte de Santa Cruz.
Puerto-Ciudad
El mismísimo alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, apuntaba ayer cómo reconducir legalmente lo que, sin lugar a dudas, es uno de los proyectos que definirán históricamente su etapa como máximo regidor municipal. Esta vieja pretensión de la capital está más cercana que nunca de hacerse realidad, pero ahora tendrá que apoyarse en otra normativa. La Ley del Suelo se antoja una vía más que interesante para ello.
Lo que pasará
Menos la muerte, todo tiene remedio en la vida, por mucho que al urbanismo santacrucero parece que le han echado mal de ojo o quién sabe qué otra terrible maldición. Bromas aparte, hay soluciones, como apuntan los especialistas consultados de Justicia y Sociedad, y para que la aplicación de las mismas no se eternice en el tiempo está la ya citada Ley del Suelo, cuya entrada en vigor, prevista para el próximo septiembre, resulta providencial para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Ello se debe a dos de las características principales de dicha ley, por cuanto acorta plazos y trámites y otorga mucho más poder a los ayuntamientos a la hora de adoptar las decisiones sobre el planeamiento.
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