Tres días después de producirse el derrame de unos mil litros de cloruro férrico en la depuradora comarcal del Valle de La Orotava, ubicada en el barrio de Punta Brava, en el Puerto de la Cruz, siguen sin saberse las causas y las posibles consecuencias pese a la gravedad de lo ocurrido.
Los principales actores implicados han decidido denunciar por separado los hechos acaecidos el sábado por la noche y que actualmente se investigan.
El puntapié inicial lo dio la Plataforma Stop Vertidos al Mar. El mismo sábado, al enterarse de lo ocurrido, informó a la Policía Local y al Seprona de la Guardia Civil que al menos una parte de ese derrame, diluido en un 75% de agua, acabó en el desagüe de pluviales con el consiguiente vertido de líquido contaminante.
De hecho, en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo, una de sus integrantes declaró ayer ante la Policía Nacional y aportó audios y vídeos para intentar aclarar lo sucedido. “Stop Vertidos al Mar ha ejercido su derecho a denunciar un incidente que considera grave y que desea que se esclarezca en las instancias legales oportunas y se depuren todas las responsabilidades”, subrayaron.
Por su parte, Aqualia confirmó ayer que el domingo por la noche había presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia del Puerto de la Cruz al considerar que existen indicios que podrían apuntar a una posible “actuación intencionada, ya que el tubo dañado no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura”.
Además, en un comunicado añade que “los vídeos difundidos en redes sociales apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto”. Y aunque será la investigación correspondiente la que determine las causas y responsabilidades que pudieran existir, se está analizando de manera exhaustiva todo lo sucedido para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjeron los hechos, apuntan desde la empresa.
El Cabildo de Tenerife fue el último en anunciar que también acudirá a la autoridad judicial para que se investigue y se determinen todas las responsabilidades que pudieran corresponder.
El objetivo de la Corporación insular es conocer “con absoluta precisión” qué ocurrió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto, qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que fue detectado el incidente, si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, especialmente, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias.
También advierte que “será contundente en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de Tenerife y no se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por hechos, pruebas e informes técnicos. El Cabildo quiere saber qué pasó y por qué pasó, y llegará hasta donde sea necesario para esclarecerlo”, sentencian.
En este sentido, el CIAT ha abierto un expediente de investigación a Aqualia para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia y comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación como empresa operadora. “El Cabildo exigirá el cumplimiento íntegro de esas obligaciones y, si la investigación determina que existieron responsabilidades, exigirá que sean depuradas hasta las últimas consecuencias”, sostiene.
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