La Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) cumple sus deberes para la correcta gestión y tratamiento de vertidos de aguas residuales al mar, en sintonía con el compromiso último del Ayuntamiento de erradicarlos por completo el año 2020. De las seis infraestructuras que gestiona directamente la empresa, tres cuentan con las autorizaciones correspondientes y las otras tres están pendientes de resolución por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente o de la Dirección General de Costas del Gobierno central. En concreto, la empresa gestiona seis puntos de vertidos en el municipio: Igueste de San Andrés, la Epbar de Cabo Llanos, la conducción de aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes, Acorán y Añaza. De estas infraestructuras, se encuentran autorizadas Cabo Llanos, Acorán y Añaza, mientras que San Andrés, Igueste y la Conducción de Anatolio Fuentes, se encuentran en trámite de autorización, habiéndose entregado por parte municipal toda la documentación necesaria. En todos los casos se trata de evacuaciones de aguas sometidas como mínimo a pre-tratamiento.
En el caso de San Andrés, la autorización se encuentra en trámite desde septiembre de 2014, pendiente ahora de la decisión de Costas para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, una vez que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha dado visto bueno. En concreto, en la actualidad se están ejecutando las obras del proyecto de la reubicación y mejora de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Andrés. El coste total de la obra asciende a 674.277 euros, importe recogido en el convenio de inversión existente entre el Ayuntamiento y Sacyr.
En cuanto a Igueste de San Andrés, se encuentra en trámite desde noviembre del año pasado.
En la actualidad se ha culminado el período de exposición pública y se está en fase de contestación a una alegación recibida, si bien la documentación aportada cuenta con el visto bueno de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Por lo que respecta a Anatolio Fuentes, la autorización está pendiente desde mayo de 2015 y en la actualidad la Viceconsejería de Medio Ambiente estudia el expediente.
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