El profesor de derecho de la Universidad de La Laguna y concejal portavoz de XTF-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, participará el próximo 7 de septiembre en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender una iniciativa ciudadana, presentada en este organismo por la plataforma por una Canarias Sostenible, y elaborada por él mismo sobre la Ley del Suelo. La idea, según explicó Pérez a este periódico, es exponer que aspectos de esta ley que infringen gravemente el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea y por tanto, la UE tiene que estar involucrada.
En su exposición, Pérez explicará que el Proyecto de Ley Canaria del Suelo introduce instrumentos singulares de ordenación como los proyectos de interés singular insular o autonómico (arts. 124 y siguientes del Proyecto de Ley Canaria del Suelo); las ordenanzas provisionales insulares o municipales, cuya vigencia puede ser indefinida (art. 155 PLCS); una nueva ordenación de los convenios urbanísticos (art. 290 y ss. del PLCS) y las “normas sustantivas aplicables transitoriamente”, que tendrán fuerza “derogatoria” sobre las normas de planeamiento, pero quedan exentos total o parcialmente de la evaluación ambiental de planes y programas establecida por la normativa de la UE (Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente) y del Reino de España (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), “por lo que infringen gravemente el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que tiene entre sus objetivos el de alcanzar un desarrollo sostenible, basado, entre otros principios, en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medioambiente”. Ésta es la estrategia jurídica que utilizará Pérez para dar validez a esta iniciativa ciudadana, que también destaca que “todos estos instrumentos singulares, provisionales o transitorios de ordenación que pretende introducir el Proyecto de Ley van a suponer, igualmente, la violación de los derechos de participación ciudadana en la elaboración de normas con efectos sobre el medioambiente, reconocidos por el ordenamiento jurídico de la UE”.
Dentro de estos instrumentos singulares, “provisionales” o transitorios de ordenación, de esta Ley, Pérez destaca singularmente “los Proyectos de Interés singular insular o autonómico, no sólo porque están concebidos para omitir totalmente o debilitar las garantías ambientales, sino porque constituyen auténticas decisiones discrecionales de la Administración Pública y, por tanto, suponen una derogación singular de las normas del planeamiento (completamente prohibida por las Leyes españolas que regulan el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, como por la generalidad de la legislación de los Estados europeos sobre la materia) que infringe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la Ley reconocido por la Constitución Española y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Además, continúa Pérez, “éstos Proyectos pueden adoptarse incluso al margen del planeamiento; por lo que , a partir de una decisión discrecional de la Administración, que lleva aparejada la declaración de utilidad pública o el interés social, activarán el ejercicio de la potestad expropiatoria sobre los bienes inmuebles, convirtiendo en una entelequia las garantías del derecho de propiedad establecidas en la Constitución Española y dejando en la más completa indefensión a los pequeños propietarios”.
En este sentido, Pérez explicó que no sabe que ocurrirá despues de su intervención, pero dejó bien claro que, por lo menos, “a todos aquellos que dictaron la Ley a Clavijo, les quedará la duda de que esta norma pueda acabar denunciada por la Unión Europea y creará una incertidumbre jurídica sobre el territorio”. “Se lo intentaremos poner lo más difícil posible con los medios a nuestro alcance”.
DEROGAR ÍNTEGRAMENTE LA LEY DE DIRECTRICES DE TURISMO
Santiago Pérez señaló además que el Proyecto de Ley Canaria del Suelo contiene la explícita la voluntad de derogar íntegramente la Ley 9/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Turismo, “uno de los pilares de la vigente legislación canaria de ordenación territorial, generando una situación de inseguridad jurídica. Sostengo que sigue teniendo plena actualidad el diagnóstico expresado en la Memoria de la Directrices de Ordenación General, que dice que el objetivo de mantener nuestro medio natural coincide plenamente con el de hacer duradera nuestra principal fuente de recursos económicos. La defensa de los valores ambientales, imprescindible para sostener el atractivo turístico de las Islas, puede convertirse también en un magnífico reclamo para esa actividad” Diagnóstico que, a su vez, señala Pérez, coincide con el de la Estrategia de la Comisión para los Territorios Ultraperiféricos.
