caso grúas - la laguna

“Qué casualidad que los de CC siempre acaban en empresas que dan servicio al Ayuntamiento”

El portavoz de Unid@s se puede vincula la prórroga de contratos vencidos con “el empleo de afines” a Coalición por las firmas favorecidas mientras la oposición solicita que comparezca el alcalde y se celebre un pleno extraordinario ante las irregularidades detectadas
Todo apunta a que el escándalo acabará siendo tratado en un pleno municipal | Foto: Sergio Méndez
Todo apunta a que el escándalo acabará siendo tratado en un pleno municipal | Foto: Sergio Méndez
Todo apunta a que el escándalo acabará siendo tratado en un pleno municipal | Foto: Sergio Méndez

“Qué casualidad que los cuadros de Coalición Canaria siempre acaban siendo contratados de forma preferente en las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento de La Laguna”. Así se expresó ayer el portavoz de Unid@s se puede en la Ciudad de Los Adelantados, Rúbens Ascanio, en relación con las irregularidades detectadas por la reiterada prórroga de contratos vencidos en los servicios municipales, y que tuvieron lugar tanto en la etapa como alcalde del hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como del actual, José Alberto Díaz. A este respecto, los grupos de la oposición lagunera han reaccionado tras la exclusiva de Canarias Ahora y las aportaciones realizadas por DIARIO DE AVISOS sobre el tema, del que exigen explicaciones. Si los de Ascanio ya han pedido la comparecencia del actual alcalde, el socialista Javier Abreu considera imprescindible la celebración de un pleno extraordinario.

Respecto a las manifestaciones del edil de Unid@s se puede, entiende su portavoz que “no tenemos ningún miedo a recurrir a la justicia ante estas irregularidades constatadas y reiteradas, porque no se está velando por preservar el interés general frente al de unas empresas que, en algún caso, parece que se han usado como un semillero de contrataciones de afines a responsables políticos municipales”. Al ser requerido para que ampliase tales declaraciones, Rúbens Ascanio recordó “dos casos que nos sirvan de ejemplo. Uno es el de las grúas, donde el anterior propietario de la concesionaria contó, tanto a la Guardia Civil como en la comisión municipal, que recibía órdenes para que contratase a determinadas personas. El otro es una grabación del Caso Corredor en la que Clavijo, siendo alcalde, habla con Aurelio Abreu acerca de la contratación de una recomendada por parte de Acciona, y cuando le responden que no necesitan delineantes sino peones, se enfada e insiste en que se le busque acomodo aunque sea llevando papeles”.

Por su parte, Abreu recalca la necesidad de ese pleno extraordinario y monográfico “en el que se pongan sobre la mesa los informes de la Intervención desvelados en los medios, para así recopilar toda la documentación y acudir al juzgado a presentar la correspondiente denuncia”. Para el concejal socialista, “Coalición Canaria debe pedir disculpas”.

El portavoz del grupo municipal del PP, Antonio Alarcó, recordó que su partido “no está en el equipo de gobierno ni ha tenido responsabilidad alguna por estos hechos: nunca hemos aprobado nada”. En cuanto al procedimiento, para Alarcó “puede que en alguna ocasión se venza algún contrato, pero siempre hay que estar muy atento para que no ocurra. Lo que no puede ser es que se convierta en algo habitual que se prorroguen contratos cuando ya se han vencido”, aclaró.

Pérez (XTF-NC): “Es un mecanismo para cometer un fraude de ley”

Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC
Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, reflexionó ayer que las reiteradas prórrogas de contratos vencidos en dicho Consistorio “es uno de los dos mecanismos habituales en Coalición Canaria para llevar a cabo un fraude de ley. Uno de ellos pasa por estas autorizaciones para continuar con contratos ya extinguidos, como si los volvieran a adjudicar pero esta vez a dedo y no por concurso. El otro son los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, con los cuales se contratan cientos y miles de veces al margen de lo legal, ya que no hay crédito presupuestario para ello. En ambos casos, estos actos administrativos son nulos de pleno derecho”. Ampliando su argumentación, Pérez dice que estos mecanismos “se aplican sobre todo a contratos menores; los de servicios cuando no superan los 18.000 euros y los de obras si no pasan de 40.000 euros. En realidad, así fraccionan contratos por cantidades muy superiores pero sin los controles legales fijados”. Al pedir un ejemplo, el concejal cita “los de seguridad de edificios sin ir más lejos; se contrata mensualmente y se va renovando”.

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