Desde que Cáritas dio la voz de alarma ante la aparición en La Palma de la problemática de las personas sin hogar, un fenómeno social al que la isla había sido prácticamente ajena hasta el año pasado, ha tenido que remar con recursos económicos propios y privados para poder abordar esta realidad, cuya existencia le está costando admitir a las administraciones palmeras, a pesar de que se ha constatado la existencia de 65 personas que se encuentran en una situación de exclusión severa.
El convenio que acaba de firmar Cáritas con el Cabildo, por el que aporta 10.000 euros, no cubre el coste del programa, consistente en una unidad móvil de atención en calle , que se ha realizado durante este año con la financiación de la Fundación Real Madrid y cuyo presupuesto es de 31.000 euros. Así las cosas, desde Cáritas aseguran que no está garantizada su continuidad para el próximo año, teniendo en cuenta además que no existe el compromiso de aportación económica para 2018 por parte de la Corporación insular.
“Estamos agradecidos con el Cabildo. Cualquier ayuda se agradece”, señaló Úrsula Peñate, coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana, si bien es claramente insuficiente para un programa en el que también están cooperando con recursos de las propias comunidades de base de esta ONG. “Ni siquiera tenemos un compromiso de continuidad”, añadió.
Peñate destaca que el trabajo desplegado por la unidad está dando “muy buenos resultados”. “Hemos atendido a 65 personas a lo largo de este año en atención en calle”. La coordinadora señala que “está claro” que esta realidad existe en La Palma, pese a que se tropezaron con la incomprensión por parte de las administraciones de que esta problemática se diera en la isla.
“No solo hemos constatado que existe, sino que sigue creciendo y no tienen alternativas”, comentó Peñate, quien concretó que “en La Palma no hay estrategias políticas para acabar con el sinhogarismo, no hay recursos alojativos”.
El trabajo de la unidad, tras la realización del diagnóstico inicial, en colaboración con los servicios sociales municipales, ha consistido básicamente en vincular a las personas que se encuentran en esta situación con los sistemas públicos y recursos sociales, además de intermediar para que puedan acceder a una vivienda.
“Hay personas que no tienen la documentación al día, que tienen derecho a prestaciones y no las han tramitado. Nosotros los ponemos en contacto con la Administración y acompañamos para que puedan salir de esta situación”, explica Peñate, quien incluso destaca que hay parroquias que han pagado la fianza de alguna vivienda.
La personas que atiende Cáritas con este programa se encuentran en una situación de exclusión severa y “viven en las calles, en coches, en cuevas o en viviendas que no cumplen las más mínimas normas de habitabilidad”, explica Peñate.
El perfil de los usuarios de este servicio es muy variado. De las 65 personas que se encuentran en esta situación en La Palma, un 71% son hombres y 29% mujeres. En lo que se refiere a la edad, el 50% de este colectivo corresponde a la franja que va entre los 45 y los 65 años. Le siguen en numero los que tienen entre 36 y 45 años (26%); un 18% corresponde a personas entre 18 y 35 años, y el 6% son mayores de 65 años de edad.
Lógicamente son los dos municipios más poblados, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, los que registran un mayor número de usuarios, si bien existen casos en 12 de las 14 localidades palmeras.
La radiografía hecha por Cáritas sobre el colectivo de personas sin hogar en La Palma arroja que el 71% son nacionales. Si bien aclaran que el 94% del total poseen vínculos significativos con la isla, donde se encuentran desde hace años, con relaciones familiares o de otro tipo que les hacen permanecer en la isla.
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