“Las decenas de escritos presentados por los trabajadores y trabajadoras de las grúas municipales entre 2012 y 2014 son el llamamiento más claro que demuestra que el Ayuntamiento, especialmente Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, conocía perfectamente las irregularidades cometidas”. Así lo aseguró ayer el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, en declaraciones a este periódico. “La inacción municipal, como quedó en evidencia en la comisión de grúas, no abrió ni un solo expediente informativo contra la adjudicataria, ni tramitó la más mínima sanción ante los incumplimientos constantes del pliego de condiciones técnicas”.
Dichos escritos obran en poder de DIARIO DE AVISOS y especialmente demoledor es el que la letrada Ángeles Padilla García, en representación de un grupo de trabajadores de Autogrúas Poli SL, hace llegar al exalcalde lagunero el 25 de febrero de 2013. En el mismo se detallan un listado de incumplimientos administrativos y del pliego de condiciones que en opinión de dicha letrada debía generar el cese definitivo de la adjudicación del concurso y “proceder de forma inmediata a convocar nuevo concurso público previos los trámites legales pertinentes, a fin de que el servicio de grúas del Ayuntamiento de La Laguna esté en legal forma”, sostiene.
En opinión de Ascanio, “con este escrito se desmonta totalmente el argumento del Gobierno lagunero sobre que era necesario otorgar el préstamo de 120.000 euros para evitar la paralización del servicio, ya que cuando supieron de la complicada situación de la empresa era demasiado tarde para iniciar un nuevo concurso público. Creemos que es un ejemplo más que hace suponer que el criterio central de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz fue preservar los intereses de los propietarios por encima de los intereses generales de una administración que no aplicó las herramientas necesarias para prevenir unas conductas de las que tenían conocimientos”, sostiene el concejal.
“El Gobierno lagunero podría haber puesto en marcha un nuevo concurso público para la gestión de este servicio u optado por una gestión directa a través de Muvisa si hubiese activado las acciones administrativas necesarias a inicios de 2013 -continúa el edil-, preservando con ello las condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio”.
Por último, Ascanio quiso recordar que “no habría caso Grúas sin la labor de este grupo de trabajadores y trabajadoras que alertaron reiteradamente de unas irregularidades que ahora la Audiencia Provincial ha ordenado que se investiguen; todos ellos sufrieron una importante persecución, que acabó con su despido contrario a la norma, en especial el de Francisco Ramos, que fue declarado nulo en sede judicial. Parece evidente que ningún político del Gobierno veló por sus intereses”.
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