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El PP pide la dimisión de Carlos Alonso por el “escándalo” de la piscifactoría

El portavoz de los populares, Sebastián Ledesma, advierte de que su grupo llegará “hasta las últimas consecuencias” y confirma que se personará en la causa que el Seprona tiene abierta en La Orotava
Ledesma le reprocha al presidente su “oscurantismo” en este asunto. DA

“No pedimos la dimisión de @Valbuena, porque @PSOECanarias ya se ocupa de él, y porque quien debe dimitir por esto es @carlosislaTF”. Con este tuit, el Grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife solicitó ayer la dimisión del presidente insular, Carlos Alonso, considerado el máximo responsable por el cierre de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, donde se detectaron graves irregularidades.

La instalación acuícola, abierta en 1972 y gestionada desde entonces por el área de Medio Ambiente, fue cerrada el 22 de septiembre tras una inspección del Servicio de Sanidad Ambiental, que depende de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Una decisión fulminante, pero que, según el Cabildo, fue consensuada entre ambos departamentos, adoptada tres días después de conocerse la noticia de que este verano se contaminó el agua que llega al canal del Norte y la que se utiliza para el consumo de la población en algunos municipios de la vertiente septentrional de la Isla y en parte del área metropolitana, con un antibiótico cuyo uso está prohibido en humanos (un derivado del cloranfenicol), por el uso de pienso medicalizado durante un periodo de tiempo para tratar una enfermedad en la piel de las truchas.

El asunto salió a la luz tras ser publicado por el periódico digital CanariasAhora, que reveló un informe técnico suscrito por el jefe del Servicio Técnico de Gestión Ambiental, con fecha 19 de julio de 2017, en el que constaban esta y otras supuestas irregularidades en la instalación.

Este documento se entregó ayer al PP, previa petición, y tras comprobar su contenido, exigió la dimisión de Carlos Alonso, a quien considera el máximo responsable de lo ocurrido y a quien le reprocha su “oscurantismo” ante la opinión pública y los medios de comunicación, y acusa “de no decir la verdad” en la comisión del Cabildo en la que se trata este asunto.

El portavoz de los populares en la Corporación insular, Sebastián Ledesma, advierte de que su grupo “llegará hasta las últimas consecuencias, pedirá todas las actas de inspección de la Dirección General de Salud Pública al Parlamento de Canarias”, y confirma que se personará en la denuncia que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha interpuesto ante los juzgados de La Orotava.

Deficiencias graves

El PP habla de deficiencias graves como el hecho de que “el veterinario de la piscifactoría haya sido el mismo que el de la empresa suministradora de piensos”. “No soy técnico, pero soy jurista y no podemos dejar que esto ocurra bajo un estado de oscurantismo”, insiste Ledesma, y cita como prueba que lo que ocurría en la instalación se sabía desde el mes de junio y, sin embargo, se esperó hasta septiembre para tomar cartas en el asunto.

Otro de los aspectos que critica el consejero del PP es que muchos turistas presenciaron “cómo agonizaban cientos de peces” en los estanques al cerrar los chorros de agua tras el cese de la actividad en el recinto, un acto que califica de “muy salvaje” y que fue denunciado por una vecina de la zona.

El informe revela que el sistema para destruir los cadáveres es ilegal

El informe revela que “el sistema de destrucción de los cadáveres empleado es ilegal y supone un grave problema de salud pública en general y de gestión de residuos”. Asimismo, subraya que la instalación debía tener un veterinario oficial, responsable de la gestión sanitaria y medicamentosa de la producción, “siendo ético que sea distinto al que avalara los tratamientos suministrados”.
El documento constata que el vertido de las aguas con excrementos al canal del Norte es un riesgo “gravísimo” para la salud pública y propone que se corrijan ambas irregularidades.

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