El Ayuntamiento de La Laguna facilitó que siete empresarios que ya trabajaban en la concesionaria de las grúas tomasen el control de la empresa en 2011, al forzar que el anterior dueño, José Padilla, cediera las acciones de la misma tras retrasar desde el Consistorio el pago acordado a cambio del servicio durante unos meses, lo que asfixió económicamente a la empresa. Dichos siete empresarios, ya imputados por el presunto saqueo de piezas retiradas por las grúas municipales y con posibles “vinculaciones personales” (como recoge un auto de la Audiencia provincial) con el exalcalde de La Laguna y hoy presidente regional, Fernando Clavijo, arruinaron la empresa hasta tal punto de que acumularon deudas por un total de 715. 215,56 euros en apenas tres años. Semejantes pérdidas se tradujeron en sucesivos embargos a la firma por parte de, sin ir más lejos, la Seguridad Social, pero tampoco se pagaban el Impuesto de Sociedades o los tributos autonómicos. Lo peor fue que dejaron sin cobrar (en algún caso durante doce mensualidades) a varios trabajadores. Lejos de proceder al rescate de la concesión (justificada con los incumplimientos graves ya descritos, pero también otros como la carencia de las preceptivas tarjetas de transporte para los vehículos), el entonces alcalde Clavijo firmó dos polémicos decretos que obviaron los reparos expuestos desde la Intervención Municipal para conceder un anticipo de 120.000 euros a los supuestos amigos y prorrogar arbitrariamente la concesión otros cinco años. La Audiencia provincial ve indicios de ilegalidad en ambos decretos, suficientes como para ordenar seguir la investigación judicial emprendida por un juzgado lagunero, que ahora estudia elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, competente dado que Clavijo cuenta con el privilegio del aforamiento.
Respecto a cómo se traspasó la concesionaria a los siete empresarios que la hundieron, son numerosos los indicios que apuntan al interés que en ello tenía el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Clavijo. El anterior dueño, José Padilla, declaró bajo juramento ante la Guardia Civil el 4 de septiembre de 2013, con atestado identificado con el número 2013-004850-000152, que “a modo de presión, el Ayuntamiento de La Laguna no le realizaba los pagos puntualmente, tardando dos, tres e incluso en ciertas ocasiones cuatro meses en pagarle, lo que le suponía un ahogo económico (…) llegando a deberle el Ayuntamiento cuando tuvo que vender la empresa más de 200.000 euros”. Como quiera que el compromiso contractual del Ayuntamiento era el abono mensual de 72.634,67 euros, es fácil calcular que la empresa de Padilla estuvo tres meses sin recibir el pago acordado por el Ayuntamiento.
Eso sí, en cuanto Padilla cedió y traspasó la empresa a los presuntos amigos de Clavijo (13 de abril de 2011), el Consistorio lagunero abonó de inmediato la deuda con la compañía, lo que constata el citado auto de la Audiencia provincial que, con fecha del pasado 18 de octubre, relata que “tras la trasmisión por D. José Padilla de la totalidad de las participaciones sociales de la entidad Autogrúas Poli S.L., mediante escritura pública de compraventa de participaciones sociales de fecha 13 de abril de 2011, a favor de trabajadores de dicha entidad, el Ayuntamiento abonó a la misma integrada por sus nuevos socios, importes de la deuda devengada con anterioridad a la transmisión de las participaciones sociales, por la prestación del servicio público”. Precisamente, ese es uno de los indicios citados por la Audiencia provincial para fundamentar que continúe la investigación sobre esas posibles “vinculaciones personales” entre los siete empresarios y Clavijo. Otro de los mismos es que, a 30 de abril de 2012, los siete comunicaron a un juzgado que la empresa de grúas “tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, Edificio Parra de La Laguna, donde también se ubicaba el domicilio social de la entidad Administración Ecológica S.L., sociedad de la que D. Fernando Clavijo fue administrador hasta marzo del año 2009”.
La irregularidad de la cesión a los siete empresarios (que mañana prestarán declaración en un juzgado de La Laguna a cuenta de estos hechos) radica en un punto fundamental, dado que nunca se informó oficialmente sobre la misma al Ayuntamiento, extremo que la inhabilita al no responder a lo dispuesto en los pliegos de condiciones de la concesión.
A pesar de este y otros incumplimientos, no solo no se rescató el servicio sino que se intervino la empresa, se le prestó dinero y se le prorrogó la concesión, lo que sin duda salvaguardó los intereses de los siete.
Imputados por el presunto saqueo de piezas, los siete declaran mañana
Desde que el pasado 18 de octubre la Audiencia provincial ordenó seguir investigando la vertiente política del caso Grúas, las actuaciones judiciales respetan escrupulosamente los tiempos fijados por la ley. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 2 planteó su inhibición el pasado 31 de octubre a favor del Tribunal Superior de Justicia, para luego citar a los siete empresarios supuestamente afines a Fernando Clavijo para mañana. Precisamente, esos siete están a su vez imputados por la otra vertiente del caso, el que investiga el presunto saqueo de piezas en los vehículos custodiados en un depósito municipal.
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