Después de 14 años años de la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, hoy, 4 de diciembre de 2017, vence el plazo dado a fin de cumplir con esta norma, tanto para administraciones públicas, como privadas y otros ámbitos de la sociedad. El principal objetivo que se persigue con este texto es fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades y la supresión de cualquier medida que fomente la discriminación.
Pese al tiempo transcurrido, esta ley se ha incumplido en Canarias, como así denuncian los colectivos que representan a las personas con discapacidad. Aunque se han hecho algunas cosas hasta el momento, hoy (un día después de que se conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad) no se puede decir que la ley se acate, lo que pone de relieve que esta materia sigue siendo una de las grandes olvidadas en todo el Archipiélago. Se estima que el 15% de la población presenta una discapacidad, lo que supone que en Canarias el colectivo puede alcanzar en torno a las 315.000 personas. Se trata de una cifra considerable de ciudadanos que hoy en día no tiene garantizados sus derechos.
Tanto a nivel nacional, como regional, los colectivos de discapacitados han anunciado el inicio, de campañas informativas para denunciar el incumplimiento de la norma, así como la intención de priorizar la vía judicial para resolver los problemas de accesibilidad, frente a la vía administrativa, como se ha venido haciendo hasta ahora. Así lo han decidido, al menos, la Plataforma Tenerife Discapacidad y Queremos Movernos.
El presidente de la citada plataforma, Raúl Cordero, explicó a DIARIO DE AVISOS que en las Islas no se ha cumplido con la ley, que data de 2003. “A menudo vemos casos de usuarios que, por ejemplo, no pueden acudir a sus colegios o institutos porque no están adaptados a su discapacidad”, puntualizó. “Se trata de cumplir con los derechos humanos, ya que está ley está basada en una norma superior de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, pese a ello, no se ha tenido en cuenta ni ha habido un esfuerzo de las administraciones públicas y empresas privadas para ejecutar los dispuesto”, sentenció.
Cordero criticó que, a pesar del tiempo transcurrido no se hayan tomado las acciones necesarias para derribar las barreras y garantizar la accesibilidad y animó a los ciudadanos con discapacidad a que, a partir de mañana, día 5, pongan una denuncia si consideran que sus derechos no están respetados. Del mismo modo, insistió en que es contradictorio que la Administración, que es la que exige que se cumplan las normativas, en general, no haya acatado esta, en concreto. “Durante los primeros años estaba la excusa de la crisis, pero ya no hay ninguna traba para que no se invierta en fomentar la igualdad de oportunidades de todas las personas, independientemente de si tiene o no una discapacidad”, matizó.
La presidenta de Queremos Movernos, Ana Mengíbar, lo tiene muy claro. “Canarias incumple el mandato legal de hacer accesibles los entornos y los edificios. No se trata solo de eliminar las barreras físicas, también las de la comunicación, las que impiden a las personas ciegas o sordociegas el acceso y utilización de los mismos y no se debe olvidar que existe un amplio colectivo de personas con dificultades cognitivas, que necesitan adaptaciones para comprender los entornos”, precisó. “No hay un solo edificio en las Islas, que cumpla el condicionado de la accesibilidad universal, y han tenido tiempo, ya que la ley comenzó a exigir condiciones en 2003; pero no han mostrado el más mínimo atisbo de compromiso con la discapacidad”, añadió. Según Mengíbar, “las escasas o nulas políticas de discapacidad han dado como resultado que sigamos con un retraso importante, respecto de otras comunidades autónomas del país”.
“La falta de compromiso político ha hecho que las leyes, normas, decretos e, incluso, la propia Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no sólo sean incumplidas por las administraciones, sino por el global de la sociedad”, argumentó, a la par que denunció que “de nada nos vale que España tenga la legislación más moderna de Europa en materia de discapacidad, si ni se cumple ni se hace cumplir”.
En cuanto a la aportación de la norma, en caso de cumplirse, recalcó que “fomentaría la garantía del derecho a la igualdad; se podrían desarrollar proyectos de vida autónoma e independiente y se fortalecería el conocimiento que la sociedad tiene de la discapacidad, lo que conllevaría la verdadera normalización y con ella la inclusión plena”. Por último, denunció la “desatención y maltrato a los canarios con discapacidad por el Gobierno regional.
Subvenciones
La consejera de Bienestar Social del Cabildo tinerfeño, Coromoto Yanes, reconoció que aún falta mucho trabajo por hacer y que “la discapacidad sigue siendo todavía la asignatura pendiente”. No obstante, recalcó que desde la Corporación insular se ha avanzado en varias líneas y que, prácticamente, la totalidad de oficinas de atención al público han sido ya adaptadas. Así, anunció una partida de más de 1,1 millones de euros, repartida entre este año y 2018 para subvencionar a los municipios la ejecución de obras en zonas públicas, como plazas o parques, con el fin de contribuir a la eliminación de barreras físicas. Por su parte, Dulce Torres, responsable del área de Accesibilidad de Sinpromi, recordó que el plazo de cumplimiento de la norma se ha ido ampliando desde hace un tiempo y reconoció que, pese a ello, no se va a cumplir. Aunque en algunos casos ha habido falta de implicación, reconoció que en otros es complicada la ejecución de trabajos para cumplir con los rangos de accesibilidad. “En los últimos 20 años hemos avanzado, pero hay que seguir trabajando para mejorar y alcanzar a toda la población”, puntualizó. Abogó por tener más en cuenta determinados aspectos relacionados con discapacidad visual, auditiva e intelectual.
El 77% de los edificios particulares no se ha adaptado
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España calcula que el 77% de los edificios de todo el país no ha eliminado las barreras arquitectónicas de acceso, lo que supone que, de un total de 9.814.785 inmuebles, solo el 23% son accesibles (2.257.400 edificios). Así lo puso de manifiesto Carmen Suárez, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia tinerfeña, quien matizó que, en el caso de Canarias, incluso el porcentaje de infraestructuras que no se adapta a la norma podría ser superior a la estimación nacional. “En el Colegio venimos trabajando desde principios de año para informar a las comunidades de propietarios de que los edificios deben ser accesibles”, añadió. “Hasta ahora, se debía efectuar obra si un residente lo solicitaba, pero con la nueva norma debe ser obligado sin necesidad de pedirlo”, aclaró. Adelantó que este mes se llevará a cabo una campaña informativa con Cabildo y ayuntamientos, ya que “lo primero que hay que hacer es concienciar a la sociedad”.
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