La sentencia del caso Áridos es incumplible. Así coinciden mayoritariamente los autores de un proceso que determinó la condena de cinco empresarios dedicados a la extracción de áridos -cuatro en realidad, al fallecer uno de ellos- que les obliga a la rehabilitación del daño ecológico perturbado en un período de dos años después de dictada la sentencia, plazo que se cumple el próximo 27 de enero.
Casi dos años después, la propia Justicia reconoce la complejidad del cumplimiento de la sentencia en estos extremos, al estar involucradas en el suelo a rehabilitar varias administraciones públicas, por lo que ha abierto la puerta de una prórroga para el cumplimiento de sentencia, recurrida por la acusación particular -los agricultores Jesús Segundo Jorge y Francisco Hernández Armas- y por el Ayuntamiento de Güímar, autor civil, hasta ahora sin éxito.
En las alegaciones del letrado Carlos Álvarez se incide en la vulneración del principio de cosa juzgada en relación al principio de intangibilidad/invariabilidad/inmodificabilidad, vulneración del principio de seguridad jurídica de las dos sentencias firmes dictadas por esta sala: vulneración de los artículos 214LEC y artículo 9.3 CE.
Sin embargo, el recurso interpuesto por el letrado de la acusación particular en octubre fue desestimado el 17 de noviembre por el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Domingo Celada, que en sus fundamentos de derecho señala que “en efecto la concesión de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena, cuyo plazo, para los tres penados que constan en este ejecutoria -Francisco del Rosario, lleva un año en prisión al no aceptar el acuerdo con el fiscal- fue por dos años, condicionado dicho beneficio “al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia” no determina que esa obligación de hacer se cumpla de forma inexorable en dos años, sino que una vez que transcurra el plazo cabría la posibilidad legal de revocación”.
Carlos Álvarez, letrado de la acusación particular, se muestra indignado con la posibilidad de que el día 27 de enero no se cumpla la sentencia, recordando que “estamos en fase de ejecución de condena firme, en la que tiempo de cumplimiento de la condena civil, que como obligación de hacer, no puede quedar al arbitrio de los condenados, ni depender de terceros ya que el riesgo procesal penal, no lo debe sufrir la parte acusadora, sino la parte condenada”, señala, mientras deja abierta una puerta a los tres empresarios que admitieron su condena para evitar la pena de prisión: “entenderíamos razonable la dilación autorizada del plazo de dos años si los condenados hubieran garantizado económicamente los importes de la fianza”, que suma 279 millones de euros, si contamos al fallecido Fulgencio Díaz. Esas cantidades peritadas se reparten así: Francisco del Rosario (69,5 millones), Antonio Plasencia (69.4), José Enrique Morales (62.9) y Pedro Sicilia (39).
De todos ellos, solo Antonio Plasencia había redactado un plan de rehabilitación en la fecha del juicio, pendiente aun de que pase el impacto ambiental del Gobierno, tras ser descartado por Cabildo y Ayuntamiento. Los otros tres, incluido Del Rosario, presentaron proyectos hace apenas unos meses.
El Ayuntamiento espera 209 millones para el proyecto turístico de Castro
El Ayuntamiento de Güímar espera recibir una indemnización de 209 millones de euros de los condenados por responsabilidad civil. Con ese dinero, la intención de la alcaldesa Luisa Castro es comprar las parcelas agrícolas y el suelo de las canteras para desarrollar el gran proyecto turístico que ha redactado el arquitecto Juan Carlos Piñeiro, con inversores privados que desarrollarían hoteles, villas, casas rurales, un campo de golf y hasta una central hidroeléctrica, con un presupuesto que sobrepasaría los 800 millones de euros. Resulta paradójico que quien debió velar durante tres décadas por el cumplimiento de la Ley -no lo hizo, al menos, hasta 2005- resulte ahora beneficiado económicamente, cuando durante treinta años no solo miró para otro lado, sino que además recibió contraprestaciones económicas -150 millones de pesetas en 1992- para permitir la actividad, curiosamente sin dar licencia municipal ni para extraer ni para rehabilitar.
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