
Inseguridad jurídica e incertidumbre. A juicio de quienes desarrollan su actividad empresarial prestando servicios de temporada en las playas urbanas y turísticas del Sur, fundamentalmente alquiler de hamacas, quioscos, deportes acuáticos y masajes de relajación, la discrecionalidad con la que desde la Demarcación de Costas se aplican las normativas desemboca en problemas que, lejos de las facilidades que se dan en el resto del Archipiélago y del país, en el caso de Tenerife todo son obstáculos. Una situación que consideran injusta y sin paralelismo alguno en ninguna otra parte de España. Además, aseguran, no se aplican los mismos criterios en toda la provincia.
Denuncia Iván Dorta, empresario, que muchas solicitudes de servicios que se realizan para cuatro años rara vez se les autoriza a los emprendedores, como así lo permite el Reglamento actual de la Ley de Costas. “Los servicios suelen ser los mismos, pero debemos presentar la misma solicitud año tras año, obligándonos a cuatro expedientes, llegando a veces la autorización casi al final del primer año del periodo solicitado”, apunta Dorta, quien advierte de que, “en ocasiones, habiendo autorizado un quiosco un año, se deniega el siguiente”. Los empresarios se quejan del importante aumento del importe del canon que pagan a Costas. En este sentido, recalcan que los criterios de ocupación, precios medios, porcentaje de rentabilidad y rendimiento neto ha subido por parte de la Administración. “No tienen en cuenta ni el IGIC para deducirlo del rendimiento”, recuerda Dorta, que lamenta que, a su juicio, los criterios de la Demarcación no atiendan a la realidad de la rentabilidad del sector. A modo de ejemplo, para un quiosco consideran que un emprendedor genera un resultado del 50% antes de impuestos sobre los ingresos totales; es decir, una vez pagado el IGIC, la mercancía, el personal, suministros, seguros, gastos de mantenimiento, gastos administrativos, IRPF, Seguridad Social, AIE, basura, canon, impuesto de sociedades y otros gastos de la actividad, le queda al emprendedor la mitad de lo facturado.
Según José Bacallado, también empresario, sufren una auténtica carrera de obstáculos en la actualidad. “En algunos casos ha llegado a ser casi el doble el importe del canon para este año”, señala. Marcos Herzog, igualmente empresario, anima a que tanto las administraciones como los partidos políticos tomen conciencia de que están poniéndose en peligro miles de puestos de trabajo, a cientos de empresas y los servicios de calidad que millones de turistas esperan encontrar en nuestras playas. “Tanto los quioscos de playa como los servicios de masajes u otros que prestamos quienes sí tenemos los papeles y a los trabajadores en regla están permanente amenazados por decisiones que colocan a profesionales y empresarios en situaciones insostenibles”, denuncia Herzog. En este orden de cosas, ponen de relieve los empresarios que Costas ha decidido reducir las autorizaciones de masajes de relajación e incrementar las exigencias en algunos municipios y en otros no, como es el requisito de que sean titulados fisioterapeutas para prestar uno de los servicios más demandados por los turistas. “Además, resulta sorprendente la falta de control por la misma Administración a los que ejercen la actividad ilegal a diario en las playas, lo que supone un deterioro para la imagen de la Isla”.
A juicio de los empresarios, Costas vigila de cerca a los legales pero no a los ilegales. “En ocasiones se compromete mucho la inversión al conceder los permisos con un retraso injustificable, y, para colmo de males”, añade Herzog, “en ocasiones, una vez concedida, Costas la retira aludiendo a informes municipales que normalmente son favorables, pero que en cualquier caso no son vinculantes”.
Por último, Bacallado cree que no se puede ofrecer una mínima estabilidad a los emprendedores si se les obliga a convivir con la incertidumbre que genera la lucha por las renovaciones de las concesiones año a año. “La inseguridad es tremenda, porque los criterios se cambian cuando menos te lo esperas”, lamenta.





