Inseguridad jurídica. Ese es el término en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz apoya su decisión para llevar al Cabildo de Tenerife al juzgado, a cuenta de la paralización de una obra en la manzana de Miraflores. Tras la suspensión del derribo de un edificio en Puerta Canseco, uno de los seis que el área insular de Patrimonio Histórico considera que deben ser catalogados, Consistorio y Cabildo mantuvieron una reunión la semana pasada. El resultado de ese encuentro, tal y como ha podido saber DIARIO DE AVISOS, no resultó nada satisfactorio para el Ayuntamiento capitalino, que, ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento con la Corporación insular, ha decidido que sea un órgano superior el que aclare si la Gerencia de Urbanismo está en su derecho de otorgar licencias en este ámbito. Un órgano superior que no es otro que el juzgado, en el que los próximos días se presentará el contencioso para que decida qué institución tiene razón.
Y es que, según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, aunque está convencido de que le asiste no solo la razón, sino también la ley, no quiere arriesgarse a levantar la suspensión impuesta por el Cabildo y que sea este el que le acabe llevando a los tribunales. En estos momentos, según las mismas fuentes, hay varios promotores que ya han pedido licencia para ejecutar el plan de remodelación al que Urbanismo dio el visto bueno a principios de año. De no aclararse este entuerto urbanístico con el Cabildo, Santa Cruz se podría ver inmersa en una suerte de círculo vicioso en el que se concedan licencias para esta manzana y el Cabildo sistemáticamente las suspenda. Una inseguridad jurídica inasumible para cualquier administración pública, confirman las fuentes consultadas por este periódico.
Para entender esta situación hay que remontarse hasta la fecha en la que se redactó el Plan General de Ordenación (PGO). Entonces, entre los informes que debían pedirse, el del área insular de Patrimonio Histórico dio su visto bueno al catálogo de protección que acompaña al PGO y añadió una lista de recomendaciones de inmuebles que a su juicio debían incluirse en el catálogo, una recomendación que no es vinculante. El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó el PGO, pero rechazó incluir la lista de recomendaciones por carecer de fundamento jurídico. La Cotmac fue de la misma opinión, al obligar a Santa Cruz a retirar del Plan este listado que se había incluido, tal y como recomendó Patrimonio Histórico. La justificación fue que jurídicamente carecía de valor, por lo que invitó al Ayuntamiento a catalogar los edificios o eliminar la lista, que fue lo que se hizo finalmente.
Según las fuentes consultados, el área insular de Patrimonio Histórico ha tenido tiempo suficiente para recurrir la decisión de su propio Consejo de Gobierno, de la Cotmac e incluso de la aprobación definitiva del PGO, algo que no ha hecho. De ahí, señalan, que no se entienda el “empecinamiento” del Cabildo de Tenerife, cuando la actuación de Urbanismo al conceder licencias está apoyada en la legalidad.
El Cabildo, por su parte, reconocía que la paralización de la obra de demolición en Puerta Canseco buscaba que el Ayuntamiento de Santa Cruz al menos se sentara a negociar una posible solución para seis inmuebles.
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