A escasos días de que se vuelva a reunir la ponencia constituida por la comisión parlamentaria de estudio sobre el sistema electoral canario, que comenzó sus sesiones el 13 de junio de 2017, el PP se reserva la carta que determinará el alcance de la reforma. De manera sibilina, tendente al despiste, ha estado jugando sus bazas hasta agotar la paciencia de la curiosidad. Se espera que el presidente regional del partido, Asier Antona, resuelva el enigma esta misma semana o el lunes a más tardar, un día antes de la fecha fijada por el Parlamento, que ha habilitado el mes de enero para esta y otras cuestiones. El anuncio llegará en forma de jarro de agua fría, tibia o escaldada. Cualquier precaución será buena.
Para adoptar la decisión, el PP se habrá apoyado en las conclusiones de su propio grupo técnico, creado el 21 de abril del año pasado e integrado por el portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona; el eurodiputado Gabriel Mato; el diputado nacional Pablo Matos; el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Felipe Afonso El Jaber; el parlamentario autonómico Miguel Jorge Blanco y el portavoz en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera. En la mesa estaba la secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro, y a la primera sesión asistió Antona, que ya desde el primer momento reafirmó la posición contraria a la vía estatuaria de la modificación de esta norma. Rechazó que fuera el Congreso el que diseñara el modelo electoral a través de una disposición transitoria en el nuevo Estatuto: “Supondría un gran fracaso para la política en Canarias, ya que se trata de una norma que afecta exclusivamente al territorio autonómico”. No obstante, ha defendido la “sinergia” entre ambos procesos.
Como “principios básicos”, el PP señaló que no fuera “traumática, y que “todos se sientan cómodos”; que ninguna isla pierda peso en su representación, y que los cambios se apliquen en los comicios de 2019. El punto de mayor fricción es el de la controvertida triple paridad en la distribución de los escaños: igualdad entre Tenerife y Gran Canaria; las dos provincias, y en la suma entre las capitalinas, por un lado, y las periféricas, por el otro. El PSOE, Podemos y Nueva Canarias se oponen a esa fórmula, que reivindican CC y ASG (Mixto). El PP ha guardado una prudente equidistancia que en ocasiones ha exasperarado al resto de la oposición al hoy Ejecutivo en minoría de Fernando Clavijo.
La ponencia concitó en octubre un consenso en torno al aumento del número de diputados, que el vigente Estatuto canario limita a 70. A los 60 de hoy en día se añadiría una cifra indeterminada. Se han discutido tres opciones: una lista regional complementaria; repartir los nuevos asientos entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y asignarlos en un colegio de restos regional o en dos provinciales.
En junio se había avanzado en rebajar las barreras para entrar en la Cámara legislativa, una operación no tan complicada: del 6% de los votos regionales al 5%, y del 30% en cada circunscripción insular al 15%.
En opinión del foro ciudadano Demócratas para el Cambio, “el conflicto político e institucional en Cataluña está generando inesperadas incertidumbres”. Por ello, apremia al Parlamento de Canarias. “Una disolución anticipada de las Cortes Generales o un retraso en la tramitación de los estatutos impediría que el revisado sistema electoral canario estuviera listo en 2019”. El 19 de diciembre de 2016, Vicente Mújica, de la plataforma ciudadana, trasladó la idea de configurar una estructura sobre la base de 69 diputados con una barrera electoral del 3% autonómico y el 15% insular.
La fase de comparecencia de expertos (17) se cerró el 8 de mayo de 2017. La ronda la inauguró, el 6 de marzo, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. “El sistema canario debilita la democracia en España”, arguyó. “Es un ejemplo de desigualdad y desproporción”. Melisa Rodríguez (Ciudadanos) ha dicho que “repugna el sentido común democrático”.
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