El jurista Francisco Villar, uno de los dos contratados por el Ayuntamiento de La Laguna para, en palabras del técnico municipal Antonio Vera, “contrarrestar” los reparos de legalidad de la Intervención municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria de grúas en 2014, reconoció ayer bajo juramento que dicho informe solo era teórico, avalando así lo afirmado por su colega Francisco Clavijo ante la comisión municipal que investigó el caso.
Además, Villar negó haber argumentado jurídicamente sobre la prórroga del contrato a la compañía, entonces controlada por siete empresarios, la mayoría con vínculos personales de distinto nivel con el entonces alcalde lagunero y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Ambos datos son relevantes para el llamado caso Grúas, por cuanto la Audiencia provincial tinerfeña detecta indicios delictivos suficientes como para profundizar la investigación judicial sobre tres decretos que permitieron dichas actuaciones, el préstamo y la prórroga, a pesar de que el interventor municipal, Gerardo Armas Davara, alertó reiteradamente sobre la posible ilegalidad de ambas decisiones.
La declaración de Francisco Villar fue prestada durante poco más de hora y media en la mañana de ayer, pero se vio interrumpida por el desalojo de los juzgados laguneros ante un falso aviso de bomba que, además, imposibilitó la comparecencia de Francisco Clavijo, el otro autor del informe contratado por la Corporación lagunera, que aguardaba su turno en la puerta del Juzgado.
Cuando Villar fue interrumpido, aún tenía que responder al interrogatorio del letrado de una de las acusaciones populares (la de Unid@s se puede, en este caso ejercida por Pedro Fernández Arcila, abogado en ejercicio que además es concejal santacrucero de la citada formación morada) y de Esteban Sola, abogado defensor del portavoz e histórico concejal de Coalición Canaria en La Laguna, Antonio Pérez Godiño, quien firmó uno de los tres polémicos decretos porque quien debía hacerlo, José Alberto Díaz, se encontraba de vacaciones en aquel agosto de 2014.
Sin saber
En realidad, Francisco Villar y Francisco Clavijo desconocían el estado en que se encontraba la empresa sobre la que dictaron un informe jurídico, tal y como reconoció ayer el primero. Según explicó Villar ayer, solo estudiaron, con vistas a realizar el argumento en el que se basó Fernando Clavijo para levantar los reparos del interventor, tres documentos: el pliego de condiciones, el propio informe del interventor municipal y uno de los realizados por los técnicos municipales a los que se le dio el control de la concesionaria, dado el descalabro económico al que se vio abocada por la gestión de los afines al entonces alcalde lagunero.
Aunque parezca increíble, Francisco Villar y Francisco Clavijo no evaluaron las penosas condiciones en la que estaba la empresa, que debía dinero a la Seguridad Social y a la administración autonómica, además de tampoco abonar el Impuesto de Sociedades ni las mensualidades de un grupo de trabajadores, concretamente algunos de aquellos que no guardaban vínculos con Fernando Clavijo y que fueron quienes originaron con su denuncia el llamado caso Grúas. De ahí que su trabajo solo pueda ser considerado como meramente teórico.
Hay que tener en cuenta que el propio pliego de condiciones considera varias de estas circunstancias como incumplimientos graves, así como que bastan dos de ellos (requisito superado sobradamente) para obligar al rescate del servicio y, como determina la legislación vigente, para celebrar un nuevo concurso, con la consiguiente nueva adjudicación del mismo.
Curiosamente, cuando se le preguntó a Villar si sus conclusiones hubieran sido las mismas en caso de conocer el estado real de la empresa, asintió.
Respecto a la prórroga, que permitió a las entonces autoridades municipales conceder al empresario José Luis Tacoronte la concesión sin informar al pleno o celebrar el obligatorio concurso público, Francisco Villar negó haber avalado la misma, dato relevante dado que un alcalde no puede levantar los reparos de la Intervención porque sí, sino que necesita un argumento jurídico que lo justifique. Lo que sí sostuvo Villar es que sí entendió legal que se prorrogase la intervención/secuestro de la empresa por parte del Ayuntamiento.
El encargo
En cuanto a quién le encargó a estos dos juristas el informe utilizado para levantar los reparos (en cuyo encabezado figura que fue la Concejalía de Seguridad, al frente de la cual se encontraba el hoy alcalde, José Alberto Díaz), Francisco Villar manifestó que fue el entonces secretario general del Ayuntamiento, Ceferino Marrero (sin competencia conocida al respecto). Sobre la controvertida reunión que, según el interventor municipal, promovió José Alberto Díaz entre él y los dos juristas externos, Villar reconoció que se celebró en su despacho y que a él se lo comunicó la directora general de Seguridad, Rosario Hernández.
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