Así contrataron Díaz y Clavijo siempre con las mismas empresas

Lo que solo se permite de forma excepcional, se lleva a cabo habitualmente para así obviar los controles legales. Es lo que presuntamente ha venido haciendo el Ayuntamiento de La Laguna (al menos, desde la etapa del hoy presidente regional, Fernando Clavijo), según se desprende de las advertencias que, una y otra vez, realizó el interventor municipal sobre estas prácticas presuntamente ilegales y se recoge en una denuncia presentada el mes pasado por el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez.

Es el llamado caso Reparos, una suerte de caso Grúas multiplicado por 24, ya que 24 son las concesiones municipales prorrogadas de esta manera entre marzo de 2015 a febrero de 2017, periodo que cubre la denuncia. Durante esos 23 meses, se dictaron 48 decretos levantando otros tantos reparos de la Intervención General (en algunos casos, la Intervención emite hasta dos informes reiterando sus reparos frente a una misma propuesta de acto o de resolución).

Hablamos de 24 presuntos delitos de prevaricación administrativa, y por eso el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna investiga ya el caso Reparos, para lo cual ha librado varios oficios a distintos departamentos del Ayuntamiento, que hoy comanda José Alberto Díaz, con el objeto de recabar oficialmente la información del caso.

Hay que tener en cuenta que, aunque en la denuncia figura la mayor parte de la información, hay casos en que ni siquiera la Intervención Municipal sabe quién impulsó los expedientes. De los 24 casos, sí se conoce que Fernando Clavijo autorizó tres cuando era alcalde, mientras que otros 14 llevan la rúbrica de José Alberto Díaz, ambos de CC. Lo cierto es que de las arcas del Ayuntamiento han salido 18.134.406,2 euros a cuenta de estas prórrogas supuestamente ilegales.

EL MÉTODO

El modus operandi del caso Reparos es simple. Se otorga una concesión por un plazo y a un precio determinado. Luego se deja cumplir tal plazo y, alegando que no se puede interrumpir el servicio, se le prorroga o se autoriza la continuidad (lo mismo, pero por dos caminos distintos) sin sacar la concesión de nuevo a concurso y por cantidades fijadas ad hoc. Así, la empresa de turno sale claramente favorecida, como obviamente resultan perjudicadas sus competidoras, incapaces de optar por el nuevo contrato. Además, si hubieran sabido que la concesión era por más tiempo del fijado en los pliegos, podían haber ofertado más dinero en el concurso original.

Veamos por ejemplo, el caso del contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los jardines del municipio lagunero, adjudicado el 28 de junio de 2012 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada entre Interjardín SL y Tegalpa SA. Aunque tanto Fernando Clavijo, en su etapa como alcalde, como José Alberto Díaz, tuvieron hasta cuatro años para prepararse ante la extinción de un contrato que no puede superar ese límite temporal, no solo no hicieron nada para evitarlo, sino que aprobaron su continuidad desde el 28 de junio de 2016 al 27 de junio de 2017.

De la posible ilegalidad que supone tal continuidad del contrato de los jardines advierte la Intervención municipal en su informe, fechado el 27 de junio de 2016, donde se advierte sobre dos aspectos que contravienen la legalidad vigente.

Tal y como se ha explicado, está la duración del contrato, cuya ampliación no solo vulnera lo contemplado en el mismo, sino también lo dispuesto en el artículo 303.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de los Servicios Públicos. Pero también está su coste, ya que el propio interventor señala que, si bien se especifican las cantidades asignadas (1,44 millones de euros), “no se justifica su cuantificación, en consideración al precio establecido en el contrato y las revisiones, al no constar ni el pliego, ni el contrato, ni los acuerdos de revisión adoptados”.

Un dato más sobre este contrato de mantenimiento de los jardines municipales que no deja de resultar sintomático: recuerda el interventor lagunero que, en este asunto, no pudo contar con todos los datos pertinentes, ya que no solo no se justificó porqué se abonan esos 1,44 millones y no otra cantidad, sino que “en el expediente administrativo no se aporta copia del contrato administrativo formalizado ni consta la existencia de acuerdos adoptados por el órgano competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades, ni el sentido de su fiscalización, en su caso”. De lo que no cabe duda es que, hay que insistir, existe un modus operandi, porque la técnica descrita se repite una y otra vez.

MÁS CASOS

Además del analizado sobre mantenimiento de los jardines, algo muy similar (por no decir prácticamente idéntico) pasa con los demás contratos, entre los cuales está el contrato de limpieza en los colegios, adjudicado a Procedimiento de Aseo Urbano (PAU) en 2012 y prorrogado en 2016 por 2,08 millones de euros a pesar de estar vencido. En la relación también figura Effico, adjudicataria de los servicios de alumbrado y prevención de incendios. Las prórrogas concedidas a esta sociedad ascienden a 1,87 millones de euros. Todas ellas en contra de los informes del interventor.

También se prorrogaron durante estos dos años contratos vencidos para la prestación de los servicios de limpieza para las instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) a la empresa DOAL por un total de 746.494,04 euros, repartidas en cinco autorizaciones de continuidad; para la gestión de los centros de día para menores y actividades extraescolares a la sociedad Lude por un importe global de 1,22 millones de euros; para las escuelas infantiles a cargo de Koroibos por más de 700.000 euros; para programas contra el absentismo escolar, adjudicados a Eulen, por más de 600.000 euros, o para el servicio de teleasistencia ofrecido por Clece, también por algo más de 600.000 euros.

LEGALIDAD

En todos los casos, la Intervención Municipal argumenta tres cuestiones básicas para hacer ver que se trata de prácticas ilegales.

La primera es que “con la adopción de acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio, en iguales condiciones que el contrato suscrito inicialmente, podríamos entender que lo que realmente se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga que sería contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos y a lo estipulado por las partes”. En el segundo argumento, el interventor recuerda que “no pueden alterarse, por vía de modificación del contrato, aspectos esenciales del mismo, ya que ello variaría sustancialmente las Bases que dieron lugar a la adjudicación del contrato inicial, lo que estaría en contradicción con los principios de publicidad y libre concurrencia que deben presidir la contratación pública que rige la contratación y al propio Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. El tercero es el resultado de las dos anteriores: “Estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad del acto” en cuestión.

Investigación abierta en un juzgado de lo penal lagunero

Lo contaba ayer DIARIO DE AVISOS. El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha exigido a varios departamentos del Ayuntamiento de la Ciudad de Los Adelantados que le remita toda la documentación del caso Reparos. Les ha dado un plazo de 15 días para ello. Es el inicio de la investigación penal.