caso reparos

La jueza abre diligencias penales por el caso Reparos, que apunta a Clavijo y Díaz

Un juzgado penal investiga los 24 presuntos casos de prevaricación que denunció Santiago Pérez (XTF-NC) por supuestas prórrogas ilegales de contratos municipales en las etapas de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, llega al Parlamento | ANDRÉS GUTIÉRREZ
Imagen del presidente del Gobierno y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, a su entrada en el Parlamento. Andrés Gutiérrez

Entre otras cosas, la jueza quiere tener constancia oficial de cuánto le costaron a todos los laguneros esos 24 presuntos casos de prevaricación, pero lo cierto es que ha puesto a trabajar a medio Ayuntamiento de La Laguna con una oleada de oficios en los que exige distinta documentación sobre el llamado caso Reparos.

Este nuevo frente judicial relacionado con la conflictiva Corporación lagunera se origina en la denuncia presentada el mes pasado por el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, a cuenta del sistemático levantamiento de reparos de legalidad interpuestos por la Intervención Municipal y que fueron obviados durante las etapas como alcalde del hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de su sucesor, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. De los 24 casos, tres están rubricados por Clavijo y 14 por Díaz. De los otros siete, más de la mitad no consta quién los autorizó.

Que la denuncia de Santiago Pérez era contundente ya se sabía por el prestigio de este jurista, pero también porque se basa en los argumentos esgrimidos por el propio interventor municipal, que una y otra vez (hasta un total de 54 ocasiones) advirtió a los responsables municipales laguneros de que supuestamente vulneraban la legalidad vigente.

Quince días

Desde luego, en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna se lo han tomado en serio, y de ahí estas diligencias previas. En sus oficios al Ayuntamiento para recabar la documentación, la jueza da un plazo de 15 días para su entrega. De ahí el aludido ajetreo que hoy reina en las dependencias municipales.

El caso Reparos trata sobre la presunta comisión de hasta 24 delitos de prevaricación administrativa, según la calificación jurídica incluida en la denuncia. Básicamente, se trata de un modus operandi que se repite en todos los casos: se trata de contratar con una empresa bajo determinadas condiciones. Extinguido el contrato, y en vez de respetar esas condiciones en cuanto a su duración, se conceden prórrogas con carácter retroactivo o, simplemente, se autoriza su continuidad. Lo que se consigue, obviamente, es no tener que volver a sacar la concesión municipal a concurso ni volver a adjudicarla, manteniendo (o incluso mejorando) las condiciones de tan favorecidas empresas. Ojo, con el mismo precio. Como si no pasara el tiempo.

¿Y cuánto puede haber costado a los laguneros estas prácticas? El cálculo incluido en la denuncia nos desvela que el dinero desembolsado desde las arcas municipales a través del procedimiento descrito supera los 18 millones de euros, concretamente 18.134.406,2 euros. El negocio completo, o sea, el importe original de estos contratos, es de 45.723.133,82 euros.

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