El pleno del Cabildo palmero ha aprobado la anulación de decenas de normas urbanísticas contenidas en el Plan Insular de Ordenación del Territorio y con impacto en los planes generales de los 14 ayuntamientos palmeros, un paso dado para clarificar qué acciones dejan de estar autorizadas en el marco de nueva Ley del Suelo, en vigor desde septiembre pasado.
El consejero de Planificación de la institución, Gonzalo Pascual, explicó tras el acuerdo que el Cabildo palmero es el primero en llevar a cabo lo que definió como “un ejercicio de transparencia por parte de la administración insular que tiene como fin que todas las administraciones y colectivos implicados podamos hablar un mismo idioma en materia de planificación. Además, da certidumbre a los operadores jurídicos a la hora de afrontar los procedimientos actualmente en vigor”.
Todo el equipo técnico del área de Planificación ha llevado a cabo “un barrido” para comprobar qué actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por empresas, particulares o por los propios ayuntamientos están dentro del marco legal de la recién estrenada normativa de ámbito regional, la denominada Ley del Suelo, cuya aplicación en los distintos planes generales de los 14 ayuntamientos palmeros ha venido suscitando dudas y peticiones de información por parte de técnicos municipales y ante las dudas de iniciativas privadas o para particulares y vecinos.
El consejero adelanta que el acuerdo, que recoge la información sobre las normativas derogadas, se publicará en la web del Cabildo de La Palma y se trasladará tanto a ayuntamientos como a colegios profesionales relacionados con el urbanismo, de forma que puedan solventarse dudas y garantizar la gestión de dudas o problemas derivados de la entrada en vigor de la nueva Ley.
Este paso, por el que el consejero de Planificación fue preguntado por consejeros de la oposición, supone en palabras de su promotor, “un ejercicio de máxima responsabilidad para clarificar qué determinaciones urbanísticas quedan derogadas a partir de ahora”. La iniciativa se ha llevado a cabo, subrayó, “dado que la Ley del Suelo, dado su principio de abstracción y generalidad, no lo específica y dado que la casuística es diferente según el Plan Insular de cada isla”.
El documento elaborado por el Cabildo analiza y clarifica los usos turísticos, residenciales , del sector servicios y de actividades económicas y productivas, además de otras actuaciones o usos para la logistica pública o de empresas privadas, para el sector primario, actividades cinegéticas o forestales, entre otras.
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