Los jueces canarios no han adoptado aún un criterio unificado a la hora de decidir sobre la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas que las entidades financieras han imputado en exclusiva a los consumidores. Desde que, en diciembre de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo declarara abusivas las cláusulas que imponían a los hipotecados el pago de determinados aranceles e impuestos necesarios para la constitución del préstamo, los tribunales de primera instancia de las Islas han emitido pronunciamientos dispares, incluso contradictorios, en relación con las consecuencias de la anulación de esas cláusulas.
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