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“No nos conformamos con el apaño de maquillar la Lomce, porque sería una tomadura de pelo”

El activismo social le señaló el camino de la “ética de lo colectivo”. El murciano Javier Sánchez Serna está de ruta con la educación pública
Javier Sánchez Serna, diputado de Unidos Podemos. / DA

Javier Sánchez Serna, diputado de Unidos Podemos. /  DA

El activismo social le señaló el camino de la “ética de lo colectivo”. El murciano Javier Sánchez Serna está de ruta con la educación pública.

-¿En qué fase se encuentra el pacto para la reforma del sistema educativo en España?
“Esta legislatura se inauguró con una promesa de todos los grupos de la oposición de derogar la Lomce, una ley regresiva con una concepción muy segregadora de la educación que se hizo a espaldas y a veces contra el criterio de la comunidad educativa. Planteamos que cuando hubiera una mayoría alternativa en el Congreso para derogar la ley y establecer una nueva, lo haríamos posible”.

-¿Por qué ese compromiso no se ha llevado a la práctica?
“Porque Ciudadanos no cumplió con su promesa, el Partido Socialista de la abstención a Mariano Rajoy tampoco estaba muy interesado y, en lugar de la derogación de la Lomce, el Partido Popular nos ha metido en una subcomisión parlamentaria para un pacto social y político por la educación”.

-¿Para qué ha servido?
“Ya llega al año, con más de ochenta comparecencias y muchas horas. Pero sin un solo compromiso. El otro día empezamos el bloque segundo, de financiación, y el Gobierno vino sin una cifra para debatir sobre cuánto tendría que aumentar la financiación en la educación para mejorar nuestras escuelas e institutos. Por tanto, nosotros creemos que este pacto educativo está siendo un paripé para maquillar la Lomce. Y nosotros no queremos que se quede en el Congreso. Entendemos que el pacto debe ser fundamentalmente con la comunidad educativa. Por ello, hemos iniciado una ruta por España, que se llama Orgullos@s de la pública, para informar a la comunidad educativa y a la ciudadanía del estado de las negociaciones y definir las líneas rojas. No nos conformamos con un apaño”.

-¿No descartar por completo la ley Wert sería una estafa?
“Claro, porque un año de trabajos en la subcomisión para no elaborar una nueva ley sería una tomadura de pelo por parte del Gobierno. Nosotros lo que decimos es que si estamos en un pacto es para que haya una ley que derogue definitivamente la Lomce y no que la retoque simplemente. En segundo lugar, pretendemos que se reviertan los recortes: 8.000 millones de euros acumulados desde que entró el Partido Popular. Se trata de llegar al 5% del presupuestos en 2020 y al 7% en 2024. Ahora mismo, con la última propuesta de Cristóbal Montoro, alcanzaremos el mínimo histórico: el 3,8%. Somos uno de los países del entorno europeo que menos invierte en educación. Y, en tercer lugar, tiene que haber un compromiso serio, más que palabras, con la escuela pública. La escuela pública estatal debería ser la columna que garantice el derecho a la educación para todos y todas”.

-¿Eso no es compatible con la subvención a las privadas?
“Lo que no se puede entender es que, en los peores años de la crisis, la financiación de la escuela privada subvencionada haya subido tres puntos, según los sindicatos, y la inversión en la pública haya disminuido dieciséis. Se evidencia una orientación política de beneficiar a unas redes sobre otras”.

-¿Un desconcierto?
“Bueno, la figura de la concertada, que no deja de ser una escuela privada subvencionada por la Administración, surgió en un contexto muy concreto -el de los años ochenta [del siglo XX]-, en el que la universalización del derecho a la educación no podía ser absorbido solamente por la red de centros públicos, porque no había los suficientes. Se decidió que la red de colegios públicos era la principal y que la concertada sería subsidiaria y excepcional. Esto se ha invertido con el proceso de privatización, para negocios de amiguetes”.

-¿El hecho de que cada partido diseñe su propia ley no es un problema de educación política?
“Ha habido, si no me falla la memoria, siete normativas educativas distintas y nosotros creemos que el problema de fondo es que no ha habido ninguna pactada con la comunidad educativa. Siempre han sido leyes de partido, que se han hecho a la contra, en la lógica del bipartidismo. Nosotros estamos proponiendo es otra metodología”.

-¿En qué consiste?
“Esta ley tendría que elaborarse con los que saben, con los docentes, los sindicatos, con las asociaciones de padres y madres, y con muchas organizaciones que se manifestaron en la marea verde en defensa de la educación pública. Han sido quienes han sacado adelante a la escuela en los peores momentos. No nos vale un pacto de palacio cerrado. La transparencia es que cuando la ciudadanía te examina también te condiciona”.

-Las discrepancias no son solo entre tendencias ideológicas, sino entre las comunidades autónomas y el ministerio…
“Sí, el Gobierno siempre quiere echar balones fuera y que las responsabilidades de los recortes en Educación son de los demás, cuando la ley de Montoro [de estabilidad financiera] ha asfixiado a las comunidades autónomas. El problema no es que unos territorios dispongan de más dinero que otros, sino de recursos y de la voluntad que se ponga en la educación. Nosotros no vamos a entrar en ese debate. Antes de que se acuerde una nueva financiación autonómicas, se podría fijar un suelo de inversión para el 5%”.

-¿Cómo?
“Por ejemplo, permitiendo respirar un poquito más financieramente a las comunidades autónomas y que todas inviertan por ley un 5%. Se puede hacer de muchas maneras, sin inventar nada. Insisto, es una cuestión de voluntad política”.

-Las competencias están transferidas, pero difícilmente se materializan sin dinero…
“Efectivamente. Eso es. El Gobierno -y este es un discurso muy de Ciudadanos- nos quiere hacer pensar que hay comunidades privilegiadas y otras empobrecidas. Lo que perseguimos desde Unidos Podemos es igualar las condiciones por arriba”.

-Se ha hablado de recuperar atribuciones en Educación…
“No sé si se dice más como un ariete de propaganda que como una realidad. En la comisión hemos debatido sobre la situación preocupante en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión depende directamente del Ministerio de Educación. Es un reflejo de lo que supone la centralización: los índices más bajos del país. Hay un marco de competencias que ha de ser respetado y se debe abordar la financiación. Hace falta que Montoro deje de lado la austeridad de los últimos años”.

-¿Cómo habría que actuar para que la inmersión lingüística no provoque ahogamientos?
“Ese es un problema artificial. En esto hay mucha demagogia. El conocimiento de la lengua materna es un derecho del alumnado y de las familias que no ha causado conflictos de convivencia ni educativos. Quizá habría que evaluar el problema del bilingüismo en las escuelas de Madrid, porque da la sensación de que se quiere que todo el mundo hable inglés, que se estudie la Historia de tu país y la Geografía en inglés, y el resultado es que los alumnos no conocen muy bien ni una cosa ni la otra. Me parece cínico que se exija que los niños catalanes hablen en español mientras que a los de Madrid se les imponga el inglés”.

-El inglés, ¡como si no hubiera más idiomas!
“Hay determinados políticos que no quieren que se potencien las otras lenguas cooficiales españolas y les gustaría que esa lengua fuera el inglés”.

-Se quejan de que se penalice la rotulación en español, frente a la lengua vernácula, y, en cambio, toleran y consienten que se haga en inglés…
“¡Total! Además, en los informes Pisa está bajando nuestro nivel del castellano”.

-¿Es una manera de prepararlos para que trabajen en el sector de servicios o fuera de España?
“Desde luego”.

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