Caso Catastro

Uno de los sobrinos del informático niega la evidencia de los correos

El fiscal prueba durante su interrogatorio las contradicciones de otro de los principales encausados, mientras que el empleado de la notaría sale airoso con unas respuestas plausibles sobre su implicación

El juicio se celebra desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sergio Méndez
El juicio se celebra desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sergio Méndez

T. F. / Efe

Santiago C. D. M., uno de los dos sobrinos del exresponsable de informática del Catastro provincial, negó ayer durante su declaración los correos cuyo contenido presuntamente le incriminan, a pesar de lo evidente de su existencia. Precisamente, el fiscal no dejó pasar tal oportunidad durante el interrogatorio al que le sometió durante la segunda sesión del llamado caso Catastro, que versa sobre una supuesta trama de corrupción inmobiliaria por la que se les piden abultadas penas de cárcel a los 14 implicados, tanto por parte del Ministerio Público como, especialmente, desde la Abogacía del Estado.

Después de que declarasen el pasado lunes los dos funcionarios públicos encausados, el informático aludido y su pareja sentimental, la exjefa de Planificación Urbanística, ayer le llegó el turno a las otras dos personas que ahora se sientan en el banquillo de los acusados, incluidos por los conocedores del caso como parte del grupo de cinco que conformaban el núcleo duro de lo acaecido.

Cabe recordar que el quinto es otro sobrino del informático, Alberto Díaz, actualmente en busca y captura después de que no se presentase al inicio de esta vista oral, que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con sesiones previstas hasta el miércoles de la semana que viene.

En cuanto al primer interrogatorio de ayer, el de Santiago C. D. M., otro dato reseñable sobre el mismo fue su afirmación de que solo expedía factura si se superaban los 9.000 euros, muy por encima de lo fijado en la normativa vigente. Santiago C. D. M. trabaja en una compañía de seguros, pero además realiza todo tipo de gestiones, de forma esporádica, ante el catastro. Precisamente, con él colaboraba su hermano Alberto, ahora fugitivo de la Justicia.

Durante la sesión de ayer, Santiago comentó que el precio de los trámites que realizaba “siempre en ventanilla” ante la Gerencia del Catastro dependía de lo complicado o sencillo que fuesen, pero oscilaban entre los 100 y los 1.000 euros, si bien reconoció que en una ocasión percibió 3.000 euros.

Fue entonces cuando el representante del Ministerio Público preguntó a Santiago si expedía facturas, a lo que respondió que solo estaba obligado a hacerlo si se superaban los 9.000 euros.
Otro dato relevante fueron sus palabras de exculpación hacia otro de los encausados, Guzmán V. T., a quien dijo conocer porque esta persona le ayudaba en La Gomera, de forma que le dejaba utilizar el fax de manera desinteresada. Incluso apuntó que, en una ocasión, le ayudó a solucionar un problema, pero como él no pudo hacerlo, lo acabó resolviendo el alcalde de Vallehermoso.

Santiago insistió igualmente en que nunca se reunió con funcionarios del Catastro y, al ser preguntado por las pegatinas de una notaría que la Guardia Civil encontró en su domicilio durante los registros llevados a cabo tras la redada realizada en la sede capitalina del propio Catastro, respondió que le había sorprendido que tales objetos estuvieran en su domicilio, sin dar más explicaciones al respecto.

Sobre esta declaración resta añadir que Santiago no respondió ayer a las preguntas de la abogada del Estado ni a las del abogado de Jesús D. D. y Paloma C. I. (el exresponsable de informática y la exjefa de Planificación Urbanística). Si bien dijo que, en un principio, había acusado a Paloma de cobrar por resolver asuntos, ayer aseguró que lo hizo por venganza, debido a que ella se había negado a solucionarle un problema. El otro encausado que declaró ayer fue Manuel A. S. H., quien trabajaba como oficial en una notaría de La Laguna de donde provinieron los primeros indicios del caso que nos ocupa, motivo por el cual la instrucción fue llevada a cabo por un juzgado de la Ciudad de los Adelantados. Manuel explicó que, tras sufrir un infarto, fue despedido de la notaría, así como que en la actualidad colabora con abogados para hacer tareas ante el catastro.

Manuel A. S. H. aseguró también ayer que mientras trabajó en la notaría “nunca” percibió dinero al margen de la nómina, a la par que indicó que conoció a Jesús D. D. porque, en una ocasión, Santiago (con quien sí reconoció relaciones) no respondió a sus llamadas para solventar un expediente que llevaba varios meses pendiente de ser tramitado.

En concreto, Manuel relató que, como Santiago no respondía a sus llamadas, recurrió a un correo electrónico de este para identificar al informático que conocía en el catastro. Manuel insistió ayer en que “nunca” recomendó a Santiago a sus clientes porque este lograse que se acortasen los plazos para resolver expedientes, y afirmó que “nunca” entregó documentación de una parte a la otra.

El llamado caso Catastro trata sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y organización criminal.