El boom del alquiler vacacional ha derivado en que los precios del residencial en las Islas se disparen, y eso ha provocado, a su vez, un cambio de mentalidad. Si hace unos años se pensaba que era una fórmula turística de moda, ahora, tanto hoteleros como el Gobierno han entendido que no se le pueden poner barreras, y, lejos de intentar frenar esta opción turística, han optado por regularla, como se ha hecho en otros países.
No obstante, el decreto que prepara el Ejecutivo canario y que está presentando a todos los agentes sociales y económicos, así como a ayuntamientos y empresarios, ocasiona algunas reticencias, especialmente de la asociación del alquiler vacacional. El principal escollo de este texto está, precisamente, en su ámbito de actuación. El Gobierno plantea la exclusión de esta actividad en zonas de alta concentración hotelera y extrahotelera, ya que la ley entiende que la vivienda vacacional es un “uso complementario” del residencial y, por tanto, la habrá donde se puede dar ese uso residencial. Donde no hay uso residencial, se niega. Los municipios turísticos y la propia asociación del alquiler vacacional rechazan esta prohibición. Los primeros, porque ven en esta modalidad otra nueva fuente de negocio y de incrementar el número de turistas, al tiempo que opinan que no es buena idea que los visitantes se alejen de las zonas turísticas. Los segundos entienden que no tiene sentido habilitar las zonas residenciales para el turismo y se oponen a que sean los ayuntamientos los que tomen las riendas en este asunto, puesto que pueden darse situaciones aleatorias, como que permitan el alquiler vacacional en un edificio y en el de al lado no.
Por otro lado, una de las consecuencias del traslado del alquiler vacacional a las zonas residenciales es el encarecimiento en los precios del alquiler de la vivienda de larga duración. En Canarias, el precio de la vivienda en alquiler experimentó en enero un ascenso del 5,1%, situándose en 7,55 euros el metro cuadrado al mes. De hecho, el Archipiélago ocupa la quinta posición en el ranking de comunidades con los precios de alquiler más elevados. Según varios portales inmobiliarios, los municipios donde más creció el precio de la vivienda son Adeje, con el 8,8% y una media de 11,16 euros el metros cuadrado; Santa Cruz capital, con un incremento del 8,5% con respecto al mes anterior y 6,64 euros el metro cuadrado, y La Laguna, con un crecimiento del 3,1% y un precio medio de 6,49 euros el metro cuadrado. Desde la asociación del alquiler vacacional, su presidenta, Doris Borrego, niega cualquier vinculación directa entre el alquiler vacacional y el incremento de precios en la vivienda residencial, pero lo cierto es que esto está ocurriendo. Como ejemplo del negocio que se está montando alrededor del submundo del alquiler vacacional, DIARIO DE AVISOS publicó el pasado fin de semana el testimonio de un propietario de una vivienda en la zona de El Médano, en Granadilla, que al descubrir que su inquilino estaba subarrendando la vivienda en el portal Airbnb, le amenazó con denunciarle. El inquilino, puesto que tenía ya alquilada la vivienda todo el año, decidió ofrecerle el doble de lo que estaba pagando y este aceptó. Borrego asegura que se trata de una “excepción” y que, “lógicamente”, está actitud “debería ser denunciada”. En opinión de Borrego, el decreto, si se hace bien, es una buena fórmula para registrar y conocer los alojamientos ilegales. Asimismo, explicó que el denominado boom de la vivienda vacacional no existe como tal, ya que, “en 2010, la demanda de este tipo de viviendas era del 10%, ahora mismo es del 9,2%, es decir, la cuota de mercado hace ocho años era mayor que la que tenemos actualmente”. Doris Borrego insistió en que el problema con el que se encuentran algunas personas para alquilar viviendas de larga duración no son los precios elevados, sino los “bajos sueldos, que impide a los canarios comprar una propiedad”. Además, añadió que “hay un incremento poblacional superior al 16% en islas como Fuerteventura y Lanzarote”.
Sin embargo, hay algunos que en lugar de ver en esto un problema, observan una oportunidad. El hecho de que los propietarios quieran reformar sus viviendas para el alquiler vacacional es una “buena noticia”, especialmente para el sector de la construcción. El presidente de la patronal (Fepeco), Óscar Izquierdo, ya dijo que el alquiler, tanto residencial como turístico, significa “reforma” y “rehabilitación”, y una manera de generar empleo, mejorar la calidad de los inmuebles y propiciar su revalorización. Una fórmula de desarrollo económico para las Islas, además de una vía de salida para muchos inmuebles abandonados, que están en ruina y que sus propietarios no pueden hacer frente a su rehabilitación porque no van a tener una actividad económica posterior que les ayude a pagar esas obras. Por ello, Izquierdo señaló que, desde el Gobierno, “siempre ha sido un error pensar que el alquiler vacacional es solo un asunto del turismo, porque afecta a muchos sectores, entre ellos al de la construcción. De hecho, el presidente de la patronal ha pedido al Gobierno la convocatoria de una mesa multisectorial para tratar este asunto, en la que participen todos los sectores y agentes económicos y sociales, y que sea dirigida por el consejero regional de Economía, Pedro Ortega, “porque es un nicho de generación de empleo y desarrollo económico de las Islas”. “Desde esta mesa”, prosiguió, “entre todos buscaremos un equilibrio para darle la vuelta a esta nueva forma de negocio y aprovechar sus ventajas”.
Siguiendo esta línea, la semana pasada, en el marco de la ITB de Berlín, el consejero de Turismo, Isaac Castellano, propuso una mesa de trabajo para abordar los retos del turismo, como el alquiler vacacional, formada por todas las comunidades autónomas. “Entre todos tenemos que alcanzar la mejor solución posible y ver cómo podemos lograr que esta actividad turística ya implantada genere oportunidades”.
Airbnb asegura que los anfitriones deben tener permiso
La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Borrego, desliga el boom de este del encarecimiento residencial. Tras el caso de Tenerife, Airbnb, una de las mayores plataformas de alojamiento, demanda transparencia en los propietarios.
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