El submundo del alquiler vacacional, también en Canarias

Antonio -nombre ficticio para preservar su intimidad- es dueño de un piso situado en la zona de El Médano, en el término municipal de Granadilla de Abona. La vivienda ha estado alquilada en numerosas ocasiones debido al interés turístico que despierta la zona y, últimamente, habitada por un inquilino de nacionalidad alemana que pagaba cada mes religiosamente. Además, resultaba ser una persona extraordinaria que jamás pedía nada; todo lo contrario respecto a los otros ocupantes; “que si necesito una lavadora nueva, que si ponme un toldo, que si se ha estropeado esto, ahora aquello…”. Sin embargo, el año pasado este propietario quedó perplejo (como el resto de españoles) al conocer el sorprendente caso de cómo una mujer, residente en Barcelona, tuvo que reservar una noche en su propia casa a través de una página web para poder recuperarla. Fue entonces cuando Antonio comenzó a sospechar del silencioso conformismo del inquilino que vivía en su domicilio hacía poco más de dos años y cuyo contrato impedía el subarriendo.

“Decidí buscar en Internet mi vivienda por si la estaba alquilando de manera ilegal y, pese a que me costó bastante [las fotografías utilizadas por el arrendatario para presentar el piso en el portal eran planos generales de la playa y alrededores], terminé localizándola en la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, así como en otras cuatro o cinco páginas similares a esta”, contó el afectado a este periódico, asegurando además que, tras llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, “la misma persona que, presuntamente, vivía en mi casa desde hacía un par de años tenía a su nombre en estas páginas casi sesenta viviendas repartidas por toda Canarias, aunque la mayoría en Tenerife”.

El propietario explicó que “en un principio me enfadé muchísimo y contacté con él por WhatsApp [el falso ocupante reside en Alemania] para decirle que me había enterado de lo que estaba haciendo y que si no abandonaba mi piso cuanto antes, tendría que presentar una denuncia”. Ante la advertencia, el alemán rogó a Antonio que le permitiese continuar con su encubierto negocio, ya que había cerrado alquileres durante todo este 2018 a turistas interesados en pasar unos días en la Isla. De hecho, se ofreció él mismo a incrementar la cantidad que actualmente pagaba por la casa. El dueño del inmueble calculó, grosso modo, que el hombre estuvo dos años embolsando ilegalmente de su propiedad entre los 1.800 y los 2.000 euros mensuales, por lo que “sin pensarlo dos veces y, entendiendo que este se negaría, le pedí el doble de la cuota mensual”. El supuesto inquilino ha estado pagando -también religiosamente- tal cantidad de dinero desde este pasado mes de diciembre.

Antonio, que prefiere mantener el anonimato, ha permitido desde entonces un uso ilegal de su vivienda debido a los beneficios que ha obtenido de tal contrato apalabrado, en el que los turistas -parejas tranquilas de avanzada edad, según declaraciones de los propios vecinos- no causan ningún tipo de molestia ni alboroto. Este propietario de un piso ubicado en la costa granadillera descubrió, después de dos años de presunto arrendamiento a un varón procedente de Alemania, que su casa había sido habitada por infinidad de turistas dispuestos a disfrutar de unas vacaciones idílicas. Ahora, con el propósito de evitar un procedimiento judicial, reclama, aumentando el importe mensual, su singular indemnización.

Registro de viviendas

Desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), su presidenta, Doris Borrego, aseguró que este caso es una excepción y que “lógicamente, debería ser denunciado”. En este sentido, la portavoz hizo alusión al futuro decreto que regulará el alquiler vacacional, presentado hace unas semanas por el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, en el que se podría contemplar que plataformas donde se ofertan estas viviendas tengan que mostrar el número de registro; de no hacerlo, serían retiradas. “ASCAV estima, según datos facilitados por algunos Cabildos, que existen unas 6.000 viviendas aproximadamente en el archipiélago canario pendientes de ser inscritas, y solo en Tenerife la lista de espera es de entre 12 y 18 meses”, manifestó Borrego. Una medida que permitirá “conocer los alojamientos que son ilegales, pero, para ello, el Gobierno también deberá agilizar los trámites de registro”.

Según explicó la presidenta de ASCAV, el denominado boom de la vivienda vacacional no existe como tal, ya que “en 2010, la demanda de este tipo de viviendas era del 10%; ahora mismo, es del 9,2%, es decir, la cuota de mercado hace ocho años era mayor a la que tenemos actualmente”. Borrego insiste en que el problema para alquilar una casa hoy en día en las Islas es real debido a “la precariedad en los sueldos que impide a los canarios comprar una propiedad”. Además, añadió que “hay un incremento poblacional superior al 16 por ciento, y en islas como Fuerteventura y Lanzarote ha sido superior a un 23 por ciento durante estos últimos años, tal y como recoge el ISTAC y el INE”. “El incremento de la vivienda vacacional son solo 1.500 viviendas más en un año”, concluye la representante de la asociación.

Plataformas de alquiler vacacional

Airbnb, una de las plataformas de alojamiento más grandes del mundo y donde, precisamente, se exhibe la vivienda del caso, en cuestión, declaró que “pedimos a todos los anfitriones que certifiquen que tienen permiso para anunciar su espacio y les recordamos que comprueben y cumplan las leyes locales”. Asimismo, aseguró que a pesar de que estos “incidentes son poco comunes, llevamos a cabo todas las acciones necesarias para los problemas de los que somos avisados”.

Según reconoce la popular compañía de alquiler vacacional, cuando se recibe la notificación de algún problema, “facilitamos un proceso de mediación, comunicándonos directamente con los anfitriones”. Por otro lado, con el objetivo de mantener la seguridad y confianza de los usuarios, “hemos publicado en nuestra página web unos Estándares de Comunidad en los que pedimos tanto a los anfitriones como a los huéspedes que se adhieran”.

Y es que para ser anfitrión de Airbnb es relevante tener en cuenta la guía informativa publicada en el portal donde se ruega conocer la normativa vigente por ciudad y comunidad autónoma española, entre las que se encuentra Cataluña, Madrid, Valencia o el archipiélago balear, pero no Canarias, al menos, hasta el momento. El manual también solicita la consulta del contrato de arrendamiento para confirmar que no recoja la prohibición contra el subarriendo u otra restricción similar que impida registrar la vivienda en la plataforma. Y añadió que se puede añadir una cláusula adicional al contrato que tenga en cuenta estos asuntos y que describa las responsabilidades y obligaciones de todas las partes”.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Granadilla de Abona explicaron que, hasta el momento, no han tenido constancia que situaciones como las de Antonio se produzcan con regularidad en el término municipal. Sin embargo, señalaron que en los casos en los que se denuncien este tipo de irregularidades, el proceso judicial se remite directamente a los juzgados de la localidad.