El director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna (ULL) y también presidente de la Sociedad Española de Parasitología, Basilio Valladares, ha mostrado su preocupación por la entrada en vigor desde el pasado 9 de marzo de la nueva norma que condiciona el gasto en la institución académica -al igual que en el resto de centros educativos nacionales- puesto que, a su juicio, los nuevos requisitos “paralizarán la investigación”, tanto en la propia ULL como en otras instituciones científicas españolas.
Valladares explicó, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo del nuevo reglamento nacional que controla el gasto para los contratos menores se limita a 15.000 euros la compra directa a un mismo proveedor por parte de todos los centros y facultades de la Universidad, mientras que antes se dividía por departamentos o grupos. Esto hace que en adquisiciones cotidianas, como pueden ser suministros como papel, billetes de avión o productos reactivos para las investigaciones, se alcance muy rápido esa cifra máxima. Cuando se supera, la compra debe salir a concurso, lo que podría retrasar la llegada de estos productos.
El director del Instituto de Enfermedades Tropicales recalcó que, por ejemplo, todas las investigaciones de su centro se podrán ver paralizadas en los próximos meses. “Para algunos productos hay varios distribuidores y se puede acudir a diferentes empresas, pero, por ejemplo, para reactivos, que los necesitamos en todos los proyectos, en Canarias hay pocas entidades que los suministran y, además, no se pueden adquirir con demasiada antelación, ya que tiene un fecha de caducidad”, explicó. Como ejemplo, citó que para un próximo encuentro en Madrid no tiene fórmula de comprar dos billetes de avión con la agencia habitual, puesto que se ha alcanzado ya el tope máximo estipulado.
Valladares remarcó que este asunto, que afecta a todo el país, debería ser resuelto por los rectores de las universidades, ya que, de seguir adelante, “podría paralizar numerosos proyectos”. Dado que, en su opinión, la magnitud puede ser de tal dimensión que aboga por llevar a cabo alguna acción de protesta por parte de la comunidad científica para frenar esta norma nacional. Por último, resaltó que hay muchos colegas, responsables de otros centros de la ULL o de otras sociedades científicas del país que comparten la misma preocupación.
Con fecha de 7 de marzo se dictó instrucción por la que se establecieron disposiciones de aplicación en materia de contratación administrativa, en la tramitación de gastos en la Universidad de La Laguna, motivada por la entrada en vigor de los preceptos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
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