Mientras el Gobierno de España se enfrasca en su complicado envite para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la primavera española se calienta con dos conflictos laborales de peso en sendos sectores harto delicados: la Justicia en general, y la política penitenciaria en particular. El mejor retrato de estos problemas se obtendrá hoy jueves, día en el que coinciden el primero de los paros anunciados por jueces y fiscales con el primer encierro que protagonizarán los funcionarios de prisiones. Además del lógico vínculo conceptual entre ambos casos, a los dos conflictos les une el núcleo de su reivindicación: una carencia de medios, tanto humanos como materiales, que se denuncian desde hace años sin que la Administración General del Estado les haya puesto remedio.
Juzgados parados
Si la unión da la razón, no le falta al sector de la Justicia. En lo que se antoja un remedo de las multitudinarias protestas contra las infaustas tasas judiciales que quiso implantar el exministro Alberto Ruiz Gallardón, de nuevo se unen para la reivindicación las cuatro asociaciones de jueces y magistrados existentes en España (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente) con las tres que agrupan a los fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales). A pesar de que la amenaza de huelga se planteó hace meses, hoy tendrá lugar el primer paro de los previstos. Será al mediodía en los Palacios de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria (a la una en las principales sedes peninsulares) cuando jueces y fiscales paralicen de cuajo toda actividad en los juzgados para reclamar los 14 puntos que plantearon en julio del pasado año, y que cuentan con la conformidad, sin ir más lejos, de nada menos que unos 3.500 jueces y magistrados de todo el país. Entre esos 14 puntos, como no podía ser de otra manera, se reclaman recursos adecuados para la lucha contra la corrupción, si bien la queja de base es que la Justicia española no puede depender, como lo hace desde hace lustros, del esfuerzo y sacrificio personal de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios en general.
Encierro carcelario
Los paralelismos del conflicto en los juzgados con el de los centros penitenciarios son muchos, aunque los funcionarios de prisiones han centrado mucho más el objetivo que persiguen con las movilizaciones que inician hoy con un encierro en todas las prisiones del país que se prolongará desde la diez de la mañana a las cinco de la tarde, y que tienen previsto repetir el próximo día 12, justo dentro de una semana.
Ese objetivo central, promovido por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP), es la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña, única comunidad autónoma con competencias penitenciarias. Para entendernos: un funcionario de oficina genérico catalán gana más de 1.600 euros que sus compañeros del resto del país y, en el caso de un director de prisión, hasta por encima de los 22.100 euros de diferencia.
En ninguno de los dos casos, hay posible arreglo en la propuesta de presupuestos estatales para este año.
Próxima concentración en Madrid, más paros y, en mayo, huelga
El calendario de protestas previsto por las asociaciones de jueces y fiscales, que se inicia hoy con un paro simbólico para la lectura de un comunicado, tendrá continuidad el viernes día 13, jornada en la que se prevé una concentración multitudinaria en Madrid, tal y como se acordó a comienzos del mes pasado.
Fue entonces cuando la certeza de que el Gobierno no tenía prevista la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales terminó por decidir a los afectados de la necesidad de ejercer medidas de presión como la que nos ocupa.
Tras el comunicado de hoy y la manifestación de la semana que viene, las previsiones pasan por nuevos paros parciales, estos, de una hora de duración y que se celebrarán todos los jueves, para culminar con la celebración de una jornada de huelga, en principio prevista para el martes 22 de mayo. Dada la indiferencia gubernamental, en el sector se da por hecho que esa huelga tendrá lugar.
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