El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), admitió ayer, en relación a los posibles delitos denunciados por Podemos a la Fiscalía en la carretera del norte de La Palma, que no se actuó “según el procedimiento adecuado”, aunque precisó que es “un asunto que viene del Gobierno anterior”.
En la denuncia, Podemos pide que se investigue por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a Domingo Berriel, exconsejero de Obras Públicas, por el sobrecoste de más de 20 millones de euros en la construcción de la carretera del norte de La Palma, la C-830. También acusa Podemos al vicepresidente del Gobierno y actual consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de haber dejado caducar el expediente de oficio para declarar la nulidad del contrato con la UTE adjudicataria, formada por Acciona y Lopesan Asfaltos y Construcciones.
La obra denunciada, con una longitud de 23,5 kilómetros, se licitó en 2007 por 32,4 millones de euros, pero pese a que hasta su finalización en 2016 el proyecto fue reducido a 15,7 kilómetros, el coste se incrementó en el 67%, incluyendo unas obras complementarias que se adjudicaron sin concurso.
Clavijo comentó a los periodistas al respecto de esta denuncia que es “un asunto que viene del Gobierno anterior” y que cuando Pablo Rodríguez llegó a la Consejería “declara la nulidad del proceso”, ante lo cual el contratista ha denunciado al Ejecutivo, así que el contencioso “está judicializado”. “Es evidente que cuando llegó el vicepresidente y este Gobierno entendió que las cosas no se habían hecho según el procedimiento adecuado, declaró la propia nulidad de las acciones. A partir de ahí veremos qué es lo que ocurre”, agregó el presidente.
Ante la denuncia de Podemos, según la cual Pablo Rodríguez dejó caducar el expediente de nulidad, Clavijo indicó que no conoce en profundidad dicho expediente, pero corroboró que “se declaró la nulidad del proceso”. Paradójicamente, el diputado de Podemos Manuel Marrero reconoció que empezaron a investigar esta obra cuando el actual consejero abrió un expediente al llegar al cargo por “graves irregularidades”. De hecho, se solicitó tarde el informe preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias, órgano que solo pudo certificar su “caducidad”.
La vía sin final, con misteriosas escaleras y bocas de riego por doquier
Moisés grillo Santa Cruz de Tenerife
Las obras de la carretera del norte de la isla de La Palma (C-830) siempre estuvieron rodeadas por la polémica. Proyectos, modificados, actuaciones complementarias, curiosidades… Entre las anécdotas más mediáticas, la colocación de una escalera metálica “irregular” en Barlovento, justo en el margen de la vía. Nadie supo explicar exactamente de dónde había salido aquella escalera, pero fue retirada de inmediato. Eso casi que era el colofón a una sucesión de despropósitos desde su comienzo.
Ayer, José Luis Delgado, ex director general de Infraestructura Viaria del Gobierno, recordaba la cantidad de conflictos que mantuvo con la empresa adjudicataria de la obra desde el comienzo de su andadura en la Consejería de Obras Públicas. La más curiosa, la de la escalera metálica, pero también se sorprendió por la cantidad de bocas de riego que no estaban presupuestadas y algunos alcaldes le solicitaban al paso de la carretera por sus municipios.
Además de los sobrecostes y del recorte en su recorrido, estaba prevista que se concluyera en algo más de tres años. Finalmente, se terminó en nueve.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas