El Gobierno de Canarias, que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria), pretende cambiar la vigente Ley del Estatuto de las Personas que ocupan Cargos Públicos y Buen Gobierno, que data de 1997, para, entre otras cosas, beneficiar al actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, quien podrá regresar a su empleo en una clínica privada de Gran Canaria al día siguiente de cesar en su cargo al frente de la referida Consejería. Así lo denunció en sede parlamentaria la diputada del PSOE Patricia Hernández, quien a su vez anunció la intención de su partido de impedir ese trato de favor con una enmienda al actual proyecto.
También Podemos ha desvelado que presentará otra enmienda, esta a la totalidad, al considerar que el nuevo texto “es light, descafeinado, solo maquilla y es muy frustrante”. Este supuesto trato de favor se produce justo cuando acaba de estallar el escándalo por la adjudicación millonaria realizada desde el Ejecutivo regional hacia las clínicas donde trabajabaBaltar, que han sido las más beneficiadas en el aumento registrado el año pasado respecto a la derivación de operaciones quirúrgicas hacia la sanidad privada.
Las sospechas sobre un presunto trato de favor se agravan, especialmente, por la decisión del propio Baltar, quien ha optado por no firmar el concurso de hospitalización concertada ante el evidente temor de incurrir en una ilegalidad. Tal actitud pone en tela de juicio las palabras del presidente Clavijo, que negó tajantemente que José Manuel Baltar fuera a tener este tipo de problemas en su desempeño como consejero de Sanidad, cargo al que accedió después de la expulsión del Gobierno autonómico de los consejeros socialistas, entre los cuales estaba el de Sanidad, Jesús Morera.
Fue la semana pasada cuando la socialista Hernández denunció en un pleno parlamentario los pormenores de un escándalo, el de las adjudicaciones a las clínicas en las que trabajó Baltar, por el que también claman el diputado de Podemos Juan Márquez y el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
Con la confianza que le otorga el profundo conocimiento de los entresijos de un Gobierno al que perteneció hace no tanto, Patricia Hernández no dudó en acusar desde la tribuna de oradores a Baltar de utilizar su cargo para beneficiar particularmente a la empresa sanitaria San Roque, de la que él procede y a la que planea volver “al día siguiente de dejar el cargo”, según la parlamentaria. Ante estas acusaciones, tal y como recogió Efe en su día, el consejero reivindicó su comportamiento ético y legal al frente del departamento: “He trabajado con la misma honestidad en el entorno privado que en el entorno público, sugerir otras cosas no son propias de este ámbito”, dijo en referencia al Parlamento. “Yo no he firmado las condiciones; no me he inmiscuido”, pero “asumo la responsabilidad del trabajo de los técnicos y avalaré el resultado de la mesa de adjudicación”, insistió. Hernández reprochó al consejero que aceptara su nombramiento para un cargo para el que era incompatible, y aseguró que en su año y medio de desempeño “no ha parado de beneficiar” a su empresa de procedencia.
La diputada del PSOE aseveró igualmente que en 2017 “se han multiplicado” las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas financiadas con dinero público y la mitad de ellas se han realizado en la empresa privada de procedencia del consejero. “Si usted es incompatible, no tendría que haber accedido al cargo”, insistió Patricia Hernández al consejero, a la par que añadió que no le cree cuando dice que no interviene en las condiciones de un concurso en el que se suben los precios entre el 60 y un 100%, y se asignan 400 camas a Gran Canaria y 27 a Tenerife para acomodarse a “los intereses empresariales de la oferta”, no a los de los ciudadanos. “Ha sacado un concurso pensando en las necesidades de los concursantes más que en los de la sanidad publica”, dijo Hernández a Baltar, y acusó al consejero de modificar las condiciones de la prestación del servicio para que los pacientes en las clínicas privadas puedan seguir siendo ubicados en habitaciones de cuatro camas y sin climatización. Así Baltar ha hecho caso, según Hernández, a “la amnistía” que le habían pedido las empresas privadas para no verse obligadas a ubicar a los pacientes en habitaciones de dos camas, como ocurre en la pública.
Por su parte, Juan Márquez, se mostró convencido de que la función de Baltar en el Gobierno es “privatizar la sanidad” mediante la degradación del servicio público, en lugar de apostar por las infraestructuras públicas, al tiempo que lamentó que el PSOE mantenga discursos como el de Hernández solo cuando está en la oposición, ya que “si en 2019 les salen las cuentas”, los socialistas “volverán al redil” de Coalición.
En cuanto a Román Rodríguez, defendió la concertación con centros privados para prestar los servicios sanitarios, aunque mostró que en este concurso puede haber dudas sobre los precios y la distribución de los recursos.
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