CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Díaz (CC) omite a la jueza que la Guardia Civil investigaba las grúas laguneras por saqueo de coches

El mandatario declaró que se enteró en 2014 de que el servicio se había sumido en el caos, cuando hasta la Policía Local, entonces bajo su mando, le informó por escrito tres años antes

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras declarar como imputado por el caso Grúas, acompañado de Juan Manuel Castañeda, también de CC. Sergio Méndez
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras declarar como imputado por el caso Grúas, acompañado de Juan Manuel Castañeda, también de CC. Sergio Méndez

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), omitió durante su declaración como imputado (ahora investigado) en el caso Grúas que este servicio municipal era investigado por la Guardia Civil desde que se denunció el presunto saqueo de piezas en vehículos retirados de la vía pública. Las diligencias abiertas entonces por el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna siguen abiertas, y en la causa figuran como imputados los siete empresarios que estonces controlaban la concesionaria, cinco de los cuales reconocieron en sede judicial distintos vínculos personales con el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

A pesar de que Díaz, entonces concejal responsable del área que controla las grúas, estaba informado de hechos tan graves, durante su declaración sostuvo que desconocía del caos en que se habían sumido las grúas laguneras hasta que el director del servicio, Alejandro Cordero, le propuso la intervención del mismo, dada la pésima situación económica que padecía la empresa en cuestión, Auto Grúas Poli SL.

Exactamente, el ahora alcalde respondió, a preguntas del fiscal, que “en ese momento [marzo de 2014] el servicio de grúas se prestaba con normalidad, no había quejas por parte de los usuarios”, para a continuación añadir que “en esa fecha, y cuando tomó posesión, con posterioridad habían quejas de los trabajadores que no cobraban sus nóminas, pero no tuvo mucha información hasta que [Cordero] le comunica que la situación es complicada y hay que adoptar medidas urgentes, y le propone la medida cautelar de la intervención”.

Tal intervención de la concesionaria tuvo lugar al inicio de 2014, prácticamente dos años después de que se presentara la denuncia por el supuesto saqueo de las piezas en el depósito del Espinero que, como reconoció por escrito el Ayuntamiento de La Laguna, es un depósito municipal y, por tanto, la custodia de los vehículos allí estacionados es responsabilidad de la Corporación.

La denuncia en cuestión desembocó en la apertura de las referidas diligencias por parte del juzgado, que ordenó a la Guardia Civil investigar la veracidad de la misma. De ello, tuvo constancia oficial tanto José Alberto Díaz, entonces concejal del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, como el alcalde, Fernando Clavijo, y las pruebas de ello son numerosas y conocidas.

Así lo atestiguan cerca de una veintena de documentos sellados en el registro municipal, enviados a Clavijo y Díaz por esos trabajadores a los que no les pagaba su salario la concesionaria, la abogada que los representaba y varios delegados sindicales con representación en el Ayuntamiento de La Laguna.

Por si fuera poco, hay constancia de la comunicación abierta desde el juzgado y la Guardia Civil asignada a la investigación y la Corporación, como, por ejemplo, el escrito que figura junto a estas líneas, donde el entonces concejal Díaz pide la Agrupación de Tráfico del Instituto Armado en la provincia tinerfeña una aclaración sobre la documentación solicitada por los mismos. Como se puede observar, dicho documento tiene como fecha el 17 de abril de 2012 y lleva la firma del ahora alcalde.

Pero hay pruebas aún más concluyentes, como es el informe realizado por la propia Policía Local lagunera sobre el presunto saqueo de piezas en el depósito municipal, elaborado y entregado a Díaz, al fin y al cabo concejal responsable de la fuerza policial lagunera en ese momento, en enero de 2012, como demuestran numerosos documentos incorporados al procedimiento abierto por el referido Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de Los Adelantados.

La omisión de Díaz durante su declaración adquiere mayor relevancia al recordar que, en todo momento, tanto el hoy alcalde como otros implicados en el caso Grúas argumentan que se prefirió intervenir el servicio en vez de recuperarlo (como así les obligaban los graves incumplimientos cometidos por la empresa) para evitar su paralización. Pero en realidad no era una situación inesperada, sino que el Ayuntamiento optó por ignorar la gravedad inherente a ese presunto saqueo de los vehículos retirados por las propias grúas municipales.

Cabe recordar que el alcalde Díaz declaró el pasado lunes como imputado, lo que no solo le otorga la potestad de no responder a las preguntas si así lo considera oportuno, sino que tampoco puede ser sancionado ni comete delito o irregularidad alguna en caso de que falte a la verdad o, como resulta obvio que así sucedió, omita datos de forma parcial o total.

Resta añadir que el llamado caso Grúas versa sobre tres delitos relacionados con la corrupción, como son la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha detectado indicios suficientes para que la investigación judicial continúe indagando sobre la gestión de las grúas laguneras en esos años.