CASO GRÚAS - LA LAGUNA

El alcalde descarga en los subordinados y no responde a las acusaciones populares

Tras la declaración a medias de José Alberto Díaz en el juzgado, Santiago Pérez lo acusa de “cobarde político” y anuncia que pedirá la imputación de Rosario Hernández, directora del Área de Seguridad

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras declarar como imputado por el caso Grúas, acompañado de Juan Manuel Castañeda, también de CC. Sergio Méndez
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras declarar como imputado por el caso Grúas, acompañado de Juan Manuel Castañeda, también de CC. Sergio Méndez

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), descargó ayer sus posibles responsabilidades en la gestión municipal del llamado caso Grúas en sus subordinados. A pesar de que en los días previos se había comprometido a dar explicaciones, el mandatario no cumplió con su palabra y se negó a responder a las preguntas de los letrados que representan a las dos acusaciones populares personadas en este proceso, y que son impulsadas por los grupos municipales de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede. Esta suerte de declaración a medias del coalicionero fue calificada por Santiago Pérez (XTF-NC) como un acto de “cobardía política”, para a continuación anunciar que, en consecuencia con lo manifestado por Díaz ayer, solicitará la citación como investigada (antes imputada) de una de las subordinadas a las que implica el alcalde: la directora del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Rosario Hernández. Otro de ellos es, nada menos, la mano derecha de Fernando Clavijo, tanto en su etapa como antecesor de José Alberto Díaz en la Alcaldía como ahora en el Gobierno de Canarias: Ceferino Marrero, entonces director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento lagunero y en la actualidad secretario general de Presidencia del Gobierno regional.

La llegada

La comparecencia como imputado de José Alberto Díaz en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna arrojó ayer más sombras que luces sobre su papel en el caso Grúas, que versa sobre tres delitos de corrupción: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El alcalde llegó unos 20 minutos antes de la hora a la que estaba citado en los juzgados laguneros acompañado del portavoz de CC en la Ciudad de los Adelantados, Juan Manuel Castañeda. Apenas dijo entonces a los periodistas allí convocados que estaba “tranquilo” y “concentrado para la declaración”. Esa parquedad auguraba lo ocurrido durante su declaración, en la que se limitó a responder al fiscal del caso para luego solo atender a su abogado (su propio hermano, Víctor Díaz, un laboralista) y al del otro investigado por ahora, su compañero de filas Antonio Pérez Godiño.

Lo que dijo

El temor de Díaz a equivocarse limitó el interés de la cita a sus respuestas ante el fiscal, donde el alcalde se esforzó en señalar a sus subordinados. Antes de ello, sorprendió a propios y extraños al asegurar que, en marzo de 2014, “en ese momento el servicio de grúas se prestaba con normalidad, no había quejas por parte de los usuarios”.
La realidad es que dos años antes se había iniciado una investigación judicial que sigue abierta por el presunto saqueo de piezas robadas de los coches retirados bajo su responsabilidad como concejal del área. Por este asunto siguen imputados, hasta la fecha, los siete empresarios que entonces controlaban la concesionaria, cinco de los cuales reconocieron bajo juramento algún tipo de vínculo personal con el entonces alcalde, Fernando Clavijo. Sin embargo, el olvidadizo alcalde Díaz señaló que “había quejas de los trabajadores que no cobraban sus nóminas”, pero no tuvo “mucha información”, solo fue en marzo de 2014 cuando un funcionario (Alejandro Cordero) le comunica que “la situación es complicada y hay que adoptar medidas urgentes, y propone la medida cautelar de la intervención”. Tras responsabilizar a Cordero, como se ha visto, de pedir la intervención y no rescatar la concesión, como estaba obligado ante los graves incumplimientos de la concesionaria, Díaz volvió a señalar a Cordero y a otro técnico, Antonio Vera, y apuntó que fueron quienes le solicitaron “una aportación financiera para continuar con el servicio de grúas”.

Ceferino Marrero

Es entonces cuando le llegó el turno al estrechísimo colaborador de Clavijo, del que aseguró que, ante los reparos de la Intervención Municipal para advertir de la ilegalidad de esa “aportación financiera”, se recurre a un informe de juristas externos y “quien lo encarga es Ceferino Marrero”.

Rosario Hernández

A partir de aquí, la figura de la todavía directora del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad se repite. Es Rosario Hernández, siempre según Díaz, “quien decidió los extremos del informe externo”, como también es Rosario la que razona “la aportación financiera” o, lo que es lo mismo, el préstamo de 120.000 euros (operación que el interventor considera ilegal a cargo de un ayuntamiento) a una empresa que ni pagaba los impuestos ni a los trabajadores no afines a Clavijo. Por último, de nuevo es Rosario Hernández la que propuso a Díaz que el interventor municipal se reúna con uno de los juristas externos, Francisco Villar. Sobre la prórroga de cinco años a la concesionaria intervenida no preguntó el fiscal.