Se llama Rosario Hernández Eugenio y es la subordinada sobre quien el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), descargó las mayores responsabilidades durante su declaración como imputado (ahora investigado) por el llamado caso Grúas, prestada el pasado lunes en un juzgado.
Se trata de la directora del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, cargo que sigue ocupando en la actualidad, y durante la comisión municipal de investigación celebrada el año pasado sobre este caso ya demostró que es cierta su bien ganada fama como fiel militante del núcleo duro de Coalición Canaria en La Laguna, que conformó Fernando Clavijo en su etapa como alcalde.
En los mentideros políticos de la ciudad se da por cierto que fue Estanislao González Alayón, responsable de los Servicios Económicos del Consistorio y hombre de plena confianza para Clavijo y Díaz, quien recomendó al hoy presidente regional el fichaje de Rosario Hernández, que fue nombrada a dedo, dado que los directores de área en el Ayuntamiento de La Laguna son un cargo político, no técnico.
Por mucho que José Alberto Díaz señale hacia ella, basta repasar el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento (Boletín Oficial Provincial, 29 de mayo de 2006) para recordar que los directores de área trabajan “bajo la dependencia directa de un/una Teniente Alcalde de Área”. Es decir, el jefe inmediato de Rosario Hernández era, cuanto tuvieron lugar los hechos que ahora se investigan, el propio Díaz, concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad por aquel entonces.
No cabe duda de que Díaz subrayó en rojo el nombre de Rosario Hernández al ser preguntado por los indicios delictivos detectados en su gestión. No en balde, apenas una hora después de la declaración del ahora alcalde, la acusación popular que impulsa Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) anunció por boca de su portavoz, Santiago Pérez, que solicitarán al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna la imputación de la propia Rosario Hernández.
Porque fue ella, según la versión ofrecida por Díaz en sede judicial, “quien decidió los extremos del informe externo”, en alusión al documento encargado por el Ayuntamiento de La Laguna a dos juristas ajenos a la Corporación para contrapesar los reparos de la Intervención Municipal en las que se advertía sobre la ilegalidad que suponía facilitar 120.000 euros a una concesionaria que había incurrido en incumplimientos tan graves que, si se hubiera cumplido con la legislación vigente y lo contemplado en el propio contrato, el Ayuntamiento de La Laguna tenía que haber retirado el servicio,
También declaró José Alberto Díaz que fue Rosario Hernández la que argumentó lo necesario de esa “aportación financiera” que finalmente acabó siendo ese préstamo de 120.000 euros, a pesar de que la empresa no le pagaba a la Seguridad Social ni a los trabajadores que no eran afines a Clavijo, por citar algunas irregularidades.
Por último, de nuevo es Rosario Hernández la que, según Díaz, le propuso que el interventor municipal se reuniera con uno de los dos juristas externos, Francisco Villar, cita que las acusaciones populares del caso interpretan como un intento de convencer al interventor para que cambiase de opinión. Tal reunión finalmente tuvo lugar, pero no bastó para disuadir al interventor y sus reparos tuvieron que ser levantados desde la Alcaldía.
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