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Aplazan el juicio de la Operación Botavara contra el narcotráfico en Fuerteventura

El motivo de la suspensión se debe a que por error no se citó a uno de los acusados, así como por la ausencia del abogado Fernando Elejabeitia por motivos de salud
Acusados por la Operación Botavara en el juicio que debería haber empezado este lunes. | EP
Acusados por la Operación Botavara en el juicio que debería haber empezado este lunes. | EP
Acusados por la Operación Botavara en el juicio que debería haber empezado este lunes. | EP

La Audiencia de Las Palmas ha decidido hoy aplazar al 4 de junio el juicio contra la banda de narcotraficantes desarticulada en Fuerteventura en la Operación Botavara, tras comprobar que en la vista que debía arrancar esta mañana faltaban un letrado y un procesado.

En este procedimiento, se juzga a trece personas acusadas de formar parte de una banda de narcotraficantes que presuntamente estaba liderada por cinco guardias civiles, para los que el fiscal solicita penas de hasta 31 años y medio de cárcel.

El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo, ha impuesto “por mala fe procesal” una sanción de 3.000 euros al letrado ausente, Fernando Elejabeitia, quien comunicó esta misma mañana que no podía acudir al juicio por encontrarse enfermo.

El letrado lleva un año de baja laboral y fue informado a principios de abril de que la vista se iniciaba el 7 de mayo, si bien no ha comunicado hasta hoy que no podía estar, según ha expuesto Parejo.

En el caso del acusado Miguel Ángel G.C., la sala le ha exigido que comparezca a dar una explicación, ya que su abogada ha indicado esta mañana que se ha producido un malentendido con su citación.

Lo ocurrido al inicio del juicio ha obligado al tribunal a posponer las 14 sesiones que deberían celebrarse este mes de mayo, de forma que la vista oral comenzará ahora el 4 de junio, con una jornada dedicada a estudiar las cuestiones previas planteadas por la acusación y las defensas.

La magistrada presidente ha advertido de que “no consentirá estratagemas” y ha remarcado que confía en la “buena fe procesal de todos” para que la vista se pueda desarrollar a partir de junio.

Así mismo, Parejo ha comunicado que los acusados declararán al final del juicio, ya que primero se escuchará a los testigos y se reproducirán en la sala las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas en esta operación.

El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que esta banda es responsable de la introducción de una partida de 841 kilos de hachís, valorada en 1,23 millones de euros, que fue desembarcada en la madrugada del 20 al 21 de febrero de 2013, en la playa del Cotillo, en el norte de Fuerteventura.

La banda estaba presuntamente liderada por el guardia civil José Tomás C.M., a quien la acusación atribuye la condición de “cerebro” del grupo, con la ayuda del agente Yeray M.S., que son los procesados que se enfrentan a las condenas mayores, 31 años y medios y 26 años de cárcel, respectivamente.

Según el fiscal, ambos contaban además con la colaboración de otros tres miembros del Instituto Armado en Fuerteventura, Sergio V.R., David D.P. y Daniel Manuel T.D, y por debajo de ellos, se sitúan los otros ocho procesados, que todos ellos se enfrentan a condenas de entre 25 años y medio y 20 años de prisión.

Así, refiere que uno de ellos actuó de enlace con los proveedores de la droga en Marruecos, otros colaboraron como braceros o vigilantes en el desembarco de hachís, algunos ocultaron el alijo y el resto ayudó a la banda a recuperar parte de los fardos que se cayeron al mar desde la patera que los transportaba.

La acusación dedica la mayor parte de su escrito de cargos a los guardias civiles, no solo por la condición de dirigentes del grupo que les atribuye, sino porque también les achaca delitos por falsear atestados oficiales, registrar propiedades y domicilios sin permiso judicial, amenazar a testigos y torturar a algunos detenidos.

Este grupo criminal fue desmantelado en marzo de 2013 en la llamada “operación Botavara” por la propia Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, que descubrió que funcionaba con una estructura “piramidal” y “fuertemente jerarquizada” y que sus miembros habían llegado a sentirse “muy seguros”, debido a su “prepotencia”.

De hecho, los detenidos se referían a sí mismos como el “Grupo 7”, en alusión a una película de Alberto Rodríguez estrenada un año antes (2012) y protagonizada por un colectivo de policías expeditivos y violentos.

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