El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pedirá al próximo pleno que el consistorio garantice que no se extravíen más denuncias de tráfico de la Policía Local, evitando que se vuelva a repetir la pérdida de propuestas de sanciones, algo que ya derivó en la apertura de una comisión de investigación municipal que terminó en Fiscalía en 2016 y que tenía que ver con hasta 161 expedientes de multas interpuestas entre los años 2011 y 2014 enviadas a la alcaldía y no devueltas al Negociado de Multas. Proponen en la moción la exposición en el tablón de anuncios de la Comisaría de la Policía Local de una relación de los expedientes sancionadores de tráfico tramitados durante el último año, con especial mención a la situación en la que se encuentra cada uno de ellos, detallando de manera precisa y comprensible el estado de los procedimientos y con actualización periódica.
El portavoz de los populares en la capital y exalcalde de la ciudad, Juan José Cabrera, explica que “en 2012 entró en vigor la primera instrucción de servicio que tenía como objetivo lograr un proceso transparente” a fin de “garantizar la tramitación eficaz de todos los expedientes sancionadores”. Los intentos de esta iniciativa se han frustrado dado que “los hechos han demostrado que pese al esfuerzo realizado durante la pasada legislatura, se han detectado numerosas incidencias” que incluso provocaron la apertura de una comisión de investigación, con un dictamen remitido a la Fiscalía con las irregularidades existentes, lo que indudablemente “nos obligaba ya de por sí a un control más exhaustivo”.
El portavoz popular recuerda que en aquellas fechas fue la propia fiscalía, tras analizar la documentación de la comisión de investigación, la que avisó al ayuntamiento de que existía una “muy deficiente gestión en la tramitación de las multas”, como subraya de forma textual el propio letrado, que advirtió además de que debían realizarse las modificaciones que se entendieran oportunas “para garantizar el correcto funcionamiento” en el devenir de estos expedientes sancionadores, depurando, en su caso, “responsabilidades contables, patrimoniales y administrativas”. El exalcalde afirma que las recomendaciones de la Fiscalía no se han seguido y asegura que “parece como si nada hubiera ocurrido, como si nada nunca se hubiera extraviado y el fiscal no nos hubiera advertido de nada”. Aclara que su pretensión es que “todos los ciudadanos tengan la garantías de que todas las denuncias de tráfico de la Policía Local tienen exactamente el mismo procedimiento, con independencia de que el infractor sea o no conocido, amigo o familiar de un cargo público”.
El concejal capitalino hace un repaso de los momentos claves de este proceso, que remontó al año 2011, año en el que co gobernaron juntos populares y socialistas, y período en el que se detectaron irregularidades en la tramitación de expedientes de multas, que achacaron a la baja de la funcionaria. Como consecuencia de ello, estableció unas instrucciones de servicio para dar transparencia a este proceso, que derivó en la posterior comisión de investigación y en las recomendaciones de la Fiscalía al consistorio.
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