Un informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre actuaciones municipales aprobadas pese a los reparos interpuestos desde los respectivos servicios de Intervención en cada consistorio durante los años 2014 y 2015 desvela que, en el caso del Ayuntamiento de La Laguna, no se informa sobre qué órgano municipal acordó obviar tales objeciones en los casos más polémicos, como son los expedientes relacionados con la contratación de servicios. Además, de todas las corporaciones municipales isleñas, la de La Laguna es donde los levantamientos de reparos llevaron aparejados mayor gasto de dinero público por lo que respecta a 2014, con un total de 46.980.858,26 euros. Eso sí, al año siguiente la cantidad se redujo a 10.952.745,66 euros, en consonancia con el descenso en el número de expedientes laguneros donde se obviaron las advertencias de la Intervención, ya que se pasó de los 176 registrados en 2014 a los 76 reseñados en 2015. Cabe recordar que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fue alcalde de la Ciudad de Los Adelantados hasta julio de 2015. A pesar de lo llamativo de las cantidades apuntadas, en honor a la verdad hay que puntualizar que buena parte de las mismas corresponden a reparos ante gastos de personal, donde basta que el interventor no esté conforme con el salario abonado a un solo trabajador para que su reparo afecte al conjunto de la nómina municipal.
Sin embargo, otro asunto es el hecho de que, tal y como desvela la Audiencia de Cuentas, hasta en 21 expedientes de contratación donde el equipo de gobierno lagunero levantó reparos durante 2014 no conste qué órgano municipal fue el que acordó obviar la advertencia de la Intervención sobre una posible ilegalidad en la actuación correspondiente, circunstancia que se repite al año siguiente en otros cuatro casos.
Tampoco resulta baladí el hecho de que, en la totalidad de los casos donde se acordaron actuaciones municipales pese a los reparos de la Intervención por parte del Ayuntamiento de La Laguna en esos dos años, tuvo lugar una o más omisiones en el expediente de requisitos o trámites esenciales, como igualmente se refleja este informe de la Audiencia de Cuentas, cuyo contenido está previsto que sea analizado en el pleno que tendrá lugar mañana miércoles.
Resta añadir que fue en 2014 donde se aprobaron los tres decretos del llamado caso Grúas y en los que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha detectado indicios delictivos suficientes para seguir con la investigación judicial, a resultas de lo cual ha sido imputado el ahora alcalde, José Alberto Díaz.
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