El modus operandi de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en manos del vicepresidente, Pablo Rodríguez (CC), tiene un sello de identidad: licitar una obra, realizar un modificado (con un sobrecoste del 20%), ejecutar un proyecto complementario (con otro sobrecoste del 20%) y ampararse en la ley que permite desviarse del proyecto original en el 10%. Al menos, ya existen dos expedientes en los que se ha actuado de la misma manera.
El primer caso se detectó en la carretera del norte de La Palma, denunciado por Podemos en la Fiscalía y del que dio cuenta a finales de abril DIARIO DE AVISOS; el segundo se constató ayer en comisión parlamentaria, y afecta a la vía Ofra-El Chorrillo, enlace que ayudaría a descongestionar los atascos en la autopista del Norte (TF-5) y la conexión Norte-Sur (TF-2). Esta carretera se encuentra en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y tendría como función garantizar la conectividad de los barrios de Las Moraditas y San Matías.
En ambos proyectos -el citado del norte de La Palma y ahora el de la vía Ofra-El Chorrillo- el dinero presupuestado, más su sobrecoste, no fueron suficientes para completar las obras. En la actuación de Ofra-El Chorrillo, según los datos aportados ayer por la diputada socialista Patricia Hernández, “faltaría un tercio de esta vía, que coincide con el tramo más costoso”, argumentó en la comparecencia que realizó el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. En ella, Rodríguez anunció la licitación del nuevo proyecto y se limitó a admitir un sobrecoste total del 10%, según sus propias palabras, que es “el máximo que permite la ley”. Sobre la declaración de nulidad absoluta (o de pleno derecho) que los técnicos de la Consejería efectuaron acerca de este proyecto, el vicepresidente no quiso pronunciarse. En cambio, sí lo hicieron tanto Patricia Hernández como la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González. Ambas coincidieron en señalar que se ejecutaron unidades de obra que no estaban licitadas en el proyecto. A su vez, Hernández se mostró sorprendida por el hecho de que el consejero licitara un nuevo proyecto “sin mirar lo que había pagado de más” y le sugirió que “sabía a dónde tenía que ir con este escándalo” (en clara alusión a la Fiscalía). La diputada de NC recordó la obra del norte de La Palma, que tuvo un sobrecoste de 20 millones de euros.
Tal y como se recoge en los documentos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, el 30 de diciembre de 2016, el exdirector general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado (PSOE), elevó un informe a la Secretaría General Técnica solicitando la nulidad completa del expediente de contratación de esta obra. En él, se recoge textualmente que “el informe del director de obra detecta graves deficiencias en la gestión de la obra que hacen imposible finalizar la misma, con los recursos económicos que restan”.
De hecho, según otro informe del director de obra, se especifica que “el proyecto modificado no fue suficiente para asumir las modificaciones planteadas, como el puente sobre el Barranco del Muerto y la cimentación del Viaducto del Barranco de Los Moriscos”.
El Gobierno sigue adelante y no declara la nulidad del expediente
El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó ayer de que ya cuenta con el proyecto redactado para ejecutar la segunda fase de Ofra-El Chorrillo, que se encuentra en estos momentos en etapa de supervisión, y que se licitará este año.
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