La Audiencia Provincial de Tenerife ha archivado la causa que ha mantenido dudas sobre la legalidad de una parte importante del Plan General de Urbanismo del municipio bagañete, un frente judicial abierto que ha mantenido como investigados al alcalde de Tazacorte, el nacionalista Ángel Pablo Rodríguez Martín, y a su arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, durante más de diez años y que ahora quedan exentos de responsabilidad en las acusaciones de prevaricación, estafa y tráfico de influencias contra la Hacienda Pública.
El caso La Nao, como se popularizó dos lustros atras este proceso, ha sido archivado ahora por la Audiencia Provincial de Tenerife al considerar que no existen indicios de la comisión estos delitos. Los investigados, quisieron subrayar ayer los abogados de sus defendidos entre los que figuran el alcalde y del arquitecto municipal, “quedan exonerados de toda responsabilidad, como consecuencia de este auto”, contra el que ya no cabe recurso alguno. Los letrados que han asistido a varios de los investigados desde el comienzo de estas diligencias, Carlos Cabrera y Carolina García, han visto confirmada su tesis sobre la inexistencia de atisbo alguno de delito en relación con la aprobación del Plan General de Ordenación de Tazacorte respecto al sector conocido como “La Nao”.
Este procedimiento judicial que en su momento fue lesivo a nivel político para la cúpula del consistorio bagañete, tiene su origen en la apertura de diligencias por parte del juzgado de Los Llanos en noviembre de 2009 tras recibir un informe del equipo de Delitos Urbanísticos de la Sección de Investigacióbn Criminial de la Guardia Civil, en el que se detallaban hechos de la fase de aprobación provisional del Plan General de Ordenación de Tazacorte y más concretamente en una parcela que lleva este nombre situada también en el municipio de Tazacorte, de 14.000 metros cuadrados. Sobre la misma el Tribunal Supremo emitió una sentencia en el año 2012 ratificando que existió una desviación de poder. A esta investigación de oficio se sumó con posterioridad, en bril de 2010, la denuncia de una entidad mercantil, Inversiones Cock, que adquirió los terrenos con la intención de ejecutar un complejo de apartamentos y que lleva años defendiendo que fue víctima de un cambio de calificación de los terrenos de rústicos a urbanizables en el que se vio involucrado el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, cuyo padre es apoderado de la familia Carrillo, supuestamente beneficiada en esta modificación. El caso La Nao se da por cerrado y la satisfacción, tras un recorrido procesal muy largo, se impone entre los que hasta ahora han sido acusados y ahora exonerados de culpa en la gestión urbanística de estos 14.000 metros cuadrados de terreno.
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