El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Orotava comunicó ayer a las partes el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias abiertas por el llamado caso Piscifactoría, en un auto en el que, por contra, critica con dureza la gestión del Cabildo de esta instalación ubicada en Aguamansa, dentro del término municipal norteño. La aparente contradicción no es tal, por cuanto el juzgado entiende que los hechos denunciados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife no tienen relevancia penal pero sí de carácter administrativo. Sea como fuere, lo cierto es que desde la formación morada ya se anunció anoche a este periódico su intención de presentar un recurso contra el archivo que nos ocupa.
Sobre la relevancia penal, el magistrado detalla que los hechos declarados, a su juicio, no se encuadran en el tipo descrito en el Código para los delitos contra la salud pública, sobre todo porque se trata de un riesgo hipotético del que, tal y como se sostiene en el auto, “los indicios existentes en la causa no alcanzan la mínima suficiencia para colmar el concepto de probabilidad fáctica que jurisprudencialmente se exige para transformar las actuales diligencias previas en un procedimiento abreviado.
Pero de ahí a dar por buena la actuación del Cabildo va un enorme trecho. Entre otras cosas, el juez explica que “la Guardia Civil no ha podido constatar que en la explotación se haya realizado ningún tipo de control sanitario veterinario, careciendo de libro de explotación aprobado por autoridad competente, no pudiendo tampoco determinarse si se cumplen los requisitos zoosanitarios para la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura”, lo que, como se ha dicho, “estas circunstancias, relevantes desde el punto de vista administrativo pero intrascendentes penalmente hablando, sirven como ejemplo de la situación en la que se hallaba la Piscifactoría”.
En otro párrafo del auto se añade que “resulta sorprendente que, contando el Cabildo Insular con un veterinario a su servicio, no se estableciese una forma concreta de control y supervisión mediante visitas periódicas a la instalación, y se cediera tal necesario y fundamental labor a la pericia del capataz de la Piscifactoría y a un veterinario a distancia de una empresa privada que era la encargada de suministrar el pienso medicamentoso”. Un dato clave para entender el caso radica en que estos peces eran destinados luego a la venta para consumo humano, a pesar de la ausencia de control descrita.
Sin embargo, el Cabildo de Tenerife mostró ayer su satisfacción por el archivo de la denuncia interpuesta.
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