Santa Cruz

Santa Cruz asume la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, pero exige soterrar la TF-4

La modificación del Plan General o la Ley del Suelo, lo que sea más rápido, permitirá adecuar las parcelas para los nuevos juzgados

El alcalde y el consejero regional de Justicia presidieron ayer la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la que se acordó que los nuevos juzgados se ubiquen en Cabo Llanos. Sergio Méndez
El alcalde y el consejero regional de Justicia presidieron ayer la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la que se acordó que los nuevos juzgados se ubiquen en Cabo Llanos. Sergio Méndez

Cabo Llanos era la opción más difícil, la que más cambios lleva aparejados y la que, según los propios estudios del Gobierno de Canarias, generaría más problemas de movilidad en la zona. Aun así, también resultaba la más lógica, dado que los juzgados y toda la infraestructura necesaria para impartir justicia se encuentran ya allí, además de contar con el apoyo de los actores jurídicos. Ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias acordaron que, finalmente, tras rechazar la opción de El Sobradillo, la Ciudad de la Justicia se construirá en Cabo Llanos.

Después de recibir a una delegación de la Consejería de Presidencia encabezada por el titular, José Miguel Barragán, y el viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno, el alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que “no nos oponemos a usar la vía de Cabo Llanos para el desarrollo de la Ciudad de la Justicia”. Sin embargo, una vez tomada la decisión sobre la ubicación definitiva, el alcalde avanzó que la capital exige que el Ejecutivo regional invierta decididamente y a la mayor brevedad en mejorar la accesibilidad en las entradas y salidas de la capital. Concretamente, pidió el soterramiento “urgente” del tráfico portuario a su paso por la TF-4.

“Me estoy refiriendo -continuó Bermúdez- a la entrada hasta el puerto por el sur, donde es necesario, de manera urgente, hacer una inversión que separe el tráfico portuario del de la ciudad para aliviar a toda esa zona de tanto tráfico”. El regidor municipal insistió en la necesidad de que se atiendan las demandas de Santa Cruz en lo que a movilidad y accesibilidad se refiere. “No hay previstas inversiones con carácter inmediato y es competencia del Gobierno de Canarias atender la inversión necesaria en una vía que es de interés regional, porque es la de acceso a un puerto”, detalló. “Necesitamos inversión urgente y lo primero es soterrar uno de los dos tráficos, que debería ser el portuario para que se acceda de forma directa al puerto”, añadió.

Bermúdez justificó su petición en que “con la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, donde sabemos que ya hay problemas de tráfico, con esta nueva infraestructura los habrá aún mayores, como ya ha avanzado el estudio de movilidad del propio Gobierno de Canarias, así que entendemos que la solución debe ser paralela a la construcción de los nuevos juzgados, y no es otra que el Gobierno invierta en esa zona, haciendo más accesible la ciudad”.

El alcalde puso como ejemplo de actuaciones similares en la capital el túnel de Tres de Mayo. “El Gobierno, con la ayuda del Cabildo, procedió a soterrar el tráfico y dio una nueva salida a la ciudad hacia la autopista”.

Ley del suelo

Por su parte, el viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno, señaló que, una vez alcanzado el acuerdo de dónde irá la Ciudad de la Justicia, ahora queda por determinar de qué forma se podrá plasmar su ubicación en Cabo Llanos. “Lo que hoy se ha discutido, y será objeto de posteriores reuniones con los operadores jurídicos y de nuevo con el Ayuntamiento, es determinar cuáles son los mecanismos para determinar la implementación de esta infraestructura, si se va por un mecanismo concreto a través de una modificación parcial del PGO o si se usan los recursos del artículo 168 y 156 de la Ley del Suelo. Se trata de un tema de aplicación práctica y definición concreta por parte de las adminsitraciones involucradas en este asunto”.

El artículo 155 de la Ley del Suelo permite a los ayuntamientos aprobar normas urbanísticas sin necesidad de que se apruebe antes un Plan General, mientras que el 168 autoriza al Gobierno de Canarias, “cuando concurran razones justificadas de interés público, social o económico relevante”, “suspender la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su modificación o adaptación, en todo o en parte, tanto de su contenido como de su ámbito territorial”.

El Sobradillo, opción para construir la sede regional del 112

En febrero de 2017 DIARIO DE AVISOS desveló que tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Gobierno de Canarias habían acordado que la solución más rápida para tener nuevos juzgados era la de construirlos en El Sobradillo. Ahora, más de un año después, la parcela en cuestión queda liberada tras optarse por Cabo Llanos. Según avanzó el alcalde, el Gobierno regional sigue teniendo necesidades de suelo disponible y está valorando la oferta municipal en El Sobradillo, donde ahora podría ubicarse el nuevo edificio del servicio de emergencias 112 u otra infraestructura pública bajo su dependencia n