santa cruz

Tamara González y sus tres hijas, desahuciadas de la vivienda que ocupaban en Ofra

La joven madre se encuentra ya en el piso de emergencia en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz la ha acogido durante seis meses
Tamara González se afanaba ayer en enseñar los papeles que acreditan su situación de exclusión para evitar que el desahucio se llevara a cabo. Sergio Méndez
Tamara González se afanaba ayer en enseñar los papeles que acreditan su situación de exclusión para evitar que el desahucio se llevara a cabo. Sergio Méndez
Tamara González se afanaba ayer en enseñar los papeles que acreditan su situación de exclusión para evitar que el desahucio se llevara a cabo. Sergio Méndez

Tamara González ya está en el piso de emergencia que le ha proporcionado el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz. Ayer, tras el tercer intento, se ejecutó la orden de desahucio de Bankia, propietaria del edificio en Ofra que ocupan 10 familias, incluida la de Tamara, la única con tres niños, de 3, 6 y 8 años. El pasado viernes, en el Pleno del Ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Bermúdez, se comprometió a enviar una nueva carta a Bankia para que paralizara el lanzamiento hasta que Tamara pudiera desalojar el piso en su totalidad. La carta se redactó y envió este mismo lunes. El acuse de recibo indica que Bankia la recibió, pero no cambió sus planes.

En ese mismo pleno, esta joven madre pedía que, al menos, le ayudaran a encontrar un lugar en el que dejar sus muebles porque al piso de acogida, según afirmó la propia Tamara, solo se puede llevar el 80% de su ropa, el 20% de los juguetes de sus hijas y nada de mobiliario. “Me dieron el trastero esta mañana (por ayer) a las ocho y el desahucio está programado para las diez”, se lamentaba una Tamara cuyo rostro reflejaba una mezcla de resignación y enfado. “Encima, me han dado un trastero en el que no cabe ni una cuarta parte de lo que tengo en el piso y mientras yo me voy a Chamberí, el trastero está en La Salud; cómo para ir a buscar algo que necesite…”, lamentó.

Foto: Sergio Méndez

Pasadas las diez y media llegó la comisión judicial. Los portavoces de Sí se puede, PSOE e IU, se dieron cita en Ofra para dar apoyo moral y legal a Tamara. Pedro Fernández Arcila (SSP) negoció con Bankia por teléfono para intentar aplazar la salida de Tamara hasta que pudiera sacar todos los muebles. El banco accedió a darle un par de horas, pero no a aplazar el lanzamiento. Los cerrajeros esperaban pacientemente a que se decidiera qué se iba a hacer, porque Tamara se negaba a un simple cambio de cerradura y pedía una puerta antiokupas que no estaba prevista. “Si solo sustituyen la pestillera, en cuanto yo salga por la puerta y se vaya la policía, la van a reventar y se va a meter otra persona y mis cosas están ahí”. “No voy a tolerar que, encima de que me echen, me roben”, añadió.

Y es que, dentro de lo surrealista que puede resultar un desahucio en un edificio de un banco, que está completamente terminado, pero que no tiene licencia de primera ocupación ni cédula de habitabilidad, lo que impide que se pueda alquilar ni vender, entra en juego el mercado de la ocupación. “Se dice que están subastando mi piso por 3.000 euros”, afirmó Tamara, es decir, ofrecen el piso a alguien para que lo ocupe por ese dinero. Una de las propias okupas que en estos momentos está a la espera de que se celebre el juicio de su desalojo confirma que tuvo que pagar 300 euros para entrar a la vivienda en la que ahora habita.

Finalmente, no hubo puerta antiokupas, sí cambio de cerradura y el compromiso de la entidad bancaria de que Tamara pueda pasar a recoger sus cosas en otro momento. Mientras tanto, el resto de familias se compromete a vigilar para que nadie “se meta” en el piso. Tamara lleva viviendo en ese edificio cuatro años, Bankia lleva dos intentando echarla. Tiempo más que suficiente para amortizar el pago por okupar.

Desolación

Tanto el portavoz de Sí se puede como el del PSOE, que también hablaron en nombre de Ramón Trujillo (IU), expresaron su desolación por el desahucio de Tamara. “Es una situación lamentable, sobre todo después del pleno en el que se aprobó una moción muy importante para la problemática de la vivienda, pero parece que la intención era otra y es que todo siga igual”, lamentaba Pedro Fernández Arcila. “Hoy se ha echado de menos la presencia de un representante del Ayuntamiento, creo que del alcalde de Santa Cruz, ante una situación lamentable que nunca se tiene que vivir, desalojar a una familia, y, sobre todo, sabiendo que lo que quedaba era una mera gestión para ubicar los muebles, un pequeño gesto que el Ayuntamiento ha sido incapaz de hacer”.

José Ángel Martín (PSOE) confesó que el viernes salía enfadado del Pleno porque “no es la primera vez que el alcalde hace discursos de este tipo, queda bien ante la opinión pública, pero a la hora de los hechos, del día a día, de lo que ha dicho, nada se va a cumplir”. “El alcalde mintió a la ciudadanía. Tenemos que tener claro que estamos solos ante la población en exclusión residencial. Hoy es un día triste y me voy desolado, es la primera vez que asisto a un desahucio como concejal que no logramos paralizar”, concluyó.

Mientras todo el mundo se retiraba, Tamara comenzó a sacar las primeras bolsas con destino a un piso compartido, en el que podrá estar seis meses y donde no podrá recibir visitas.

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