María del Pino León Hernández muestra en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS su deseo de atender con diligencia casos de emergencia social en materia de Vivienda como el de Samara, la madre de tres hijos menores, víctima de violencia machista y parada de larga duración, cuyo desahucio fue paralizado esta semana por el departamento que dirige, a través de una petición expresa al Juzgado número 1 de Los Llanos de Aridane. La máxima responsable de Vivienda en Canarias, reconoce la necesidad de empatía en casos como el de Samara, y revela que negocia con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane la cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida. Es la única vía para atender una demanda importante, directamente relacionada con la reciente crisis económica del país. La polémica por la convocatoria de ayudas al alquiler social en pleno mes de agosto, y las expectativas de un año de gestión marcado por la actividad preelectoral, son aspectos analizados por Pino León en esta entrevista, en la que pide altura de miras en la acción política.
– El caso de Samara no se cerrará hasta que no tenga una vivienda, y de momento se buscará una solución temporal…
“Sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer las administraciones, dar una respuesta ante estos casos, y máxime el Gobierno de Canarias, que tiene la competencia de garantizar el acceso a la vivienda. Este no es el primer desahucio que pedimos paralizar a los juzgados, y tenemos muchos que continuaremos haciendo a través del programa Canarias+viviendasXfamilias. Con Samara se ha venido trabajando. El último paso ha sido la parálisis del desahucio y ahora hay que dar una solución habitacional lo antes posible a Samara y a sus hijos”.
En el caso de Samara, como en otros, ¿es imprescindible la empatía con vulnerabilidad de ella y de sus hijos, o basta con hacer solo política?
“El nivel de empatía con este y otros casos es máximo. Reconozco que provengo de un mundo en materia política totalmente distinto, en concreto de Planificación y Ordenación del Territorio como consejera del Cabildo de Tenerife, pero en este ámbito de vivienda y desde mi responsabilidad me he acercado a la parte vulnerable de la sociedad, la que justifica la razón de ser de la política y de una acción de gobierno eficaz, el valor del sistema público, que tiene que estar para atender estos casos, no solo para resolver los problemas de desahucio, sino para que estas personas puedan superar las situaciones de vulnerabilidad, con una vida lo más normalizada posible”.
– La solución habitacional al caso de Samara tendrá carácter definitivo o no hay garantías?
“La solución definitiva en este caso de vulnerabilidad social es dar una respuesta fija. Le he comentado a la alcaldesa de Los Llanos que hay que buscar un solar para nosotros redactar y enforcar el proyecto de construcción de una promoción de viviendas protegidas en Los Llanos. Esa sería una solución definitiva para esta familia. Hemos estado muy en contacto con el Ayuntamiento, y aunque no hay ahora mismo una respuesta definitiva y se buscará una ubicación temporal, eso será hasta que tengamos las viviendas sociales construidas y acceda a una de ellas. Ese es el objetivo”.
– Parece claro que la oferta de vivienda pública en Canarias, a la vista de la demanda en relación directa con el período de recesión por el que han atravesado miles de familias, es insuficiente…
“Es claro que hay que hacer vivienda de promoción pública, que es la que hace el Gobierno de Canarias y la que financiamos, con redacción de proyecto, ejecución y dirección de obra. Hay que poner vivienda para atender la demanda de ese sector de la población que no puede acceder por falta de recursos. Otras medidas pasan por dar ayudas a esas otras familias que aún teniendo determinados recursos económicos necesitan acceder a las ayudas. Disponemos de datos concretos en los que se analizada y cuantifica la demanda de vivienda, de forma que ningún canario puede acceder a una vivienda protegida sino está inscrito en el registro de Demandantes de Viviendas Protegidas. Luego están las otras familias que pueden acceder aunque con la necesidad de ayudas. Estas últimos optan a la vivienda protegida de promoción privada, cuyos precios de venta son asequibles para la mayor parte de la población”.
– A juzgar por la demanda, existe una disfunción entre la disponibilidad de suelo y la inversión regional. ¿Por qué no se construyen más promociones de vivienda protegida? De hecho hay ayuntamientos que han criticado la falta de inversión en esta materia.
“Desde el Gobierno de Canarias tenemos una política muy clara y de hecho contamos con un documento programático que conocen todos los ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Municipios, que además hemos presentado en el Parlamento y en los cabildos. La política Vivienda es muy transparente, lo hemos mostrado a todo el mundo y de hecho en la web de Participación Ciudadana puede consultarse el anteproyecto del Plan Canario de Vivienda, con nada menos que 14 programas. Quien diga que no hay respuesta a los problemas de vivienda no conoce el trabajo realizado”.
– ¿Entonces no hay una falla en el sistema en cuento a oferta y demanda?
“El problema y la situación actual de demanda pública tiene que ver con la realidad de la salida de una crisis económica muy importante, que devastó la capacidad financiera de todas las administraciones públicas y también del Gobierno de Canarias. Pero el Gobierno de Canarias tiene ahora músculo financiero para atender el problema de la vivienda, y de hecho en el Presupuesto de 2018 hay fondos. De ahí parte el plan de rehabilitación de viviendas en el municipio de Valverde, en El Hierro; estamos intentando sacar adelante un suelo para la construcción en Arrecife de 200 viviendas para atender la demanda; estamos intentando resolver un problema de suelo en San Bartolomé de Tirajana para hacer otras 50 viviendas de promoción pública; el año pasado resolvimos y adjudicamos 23 viviendas en El Paso, en La Palma. Estamos haciendo vivienda, no toda la que es necesaria, pero el Gobierno le ha dicho a los ayuntamientos que pongan a disposición suelo gratuito para ponernos manos a la obra”.
– ¿Hay ayuntamientos más reticentes que otros a la hora de ceder suelo para este fin o es que no dispone de él?
“Los alcaldes de Canarias han demostrado un alto grado de colaboración. Todos estamos dispuestos pero hay procedimientos administrativos y legales establecidos que hay que cumplir y que tienen que cumplir antes de acceder nosotros al suelo y ejecutar las obras. El mensaje que damos es claro: Hay disponibilidad económica para atender una materia tan sensible como la vivienda, hay voluntad y un trabajo riguroso, y lo que esperamos de los ayuntamientos es que completen esos procesos para poder invertir. Se aproximan fechas preelectorales y la vivienda es un tema muy recurrente en materia de política y de cara a un proceso de elecciones. Lo que pedimos es que en una materia tan sensible como vivienda, independientemente de que pueda ser criticada, exista altura de miras y un alto grado de responsabilidad de los partidos políticos y de las instituciones”.
– Por qué ha sido precisamente en agosto, con plantillas reducidas por vacaciones, cuando convocan las ayudas al alquiler social? No parece una decisión acertada.
La política de Vivienda es compleja, donde intervienen varias administraciones en materia de financiación y planificación. Hay obligación del Estado y de las comunidades autónomas de tener planes de vivienda. Con la crisis no ha habido plan canario de vivienda sino una prórroga del anterior. Eso ha hecho que al intentar llevar a cabo todo lo pendiente en un año, se hayan distorsionado los plazos normales de las convocatorias. La línea de subvenciones está financiado en parte por el Plan Estatal de Vivienda y fue aprobado en marzo, y con posterioridad se firma el convenio entre la Comunidad Autónoma y el Estado. El convenio bilateral se formalizó el día 30 de julio, fecha a partir de la cual hemos podido ejecutar los créditos, por lo que no teníamos posibilidad de convocar antes”.
– La burocracia, por tanto, vuelve a estar de espaldas a la realidad social…
“Lo importante es reconocer que no es lo deseable haberlas convocado en agosto, pero agosto es un mes hábil. Está claro que ahora con el Plan Estatal y con el nuestro en marcha la convocatoria del próximo año se realizará en una fecha más adecuada, pero esta situación que se ha dado ahora no es imputable al Gobierno de Canarias. Nos hemos visto obligados a sacar la convocatoria en agosto”.
– ¿Y no cabe la posibilidad de ampliar el plazo, de hacer política para corregir esta disfunción, quizás con una prórroga?
“Estoy segura de que se ha generado una intoxicación por parte de algunos grupos políticos de forma interesada en este asunto. Los ciudadanos dan por bienvenida las ayudas. Vamos a dar desde luego un plazo para la subsanación de documentación. No se puede establecer una prorroga porque los créditos de 2018 tienen que estar ejecutados a 31 de diciembre por los principios de estabilidad presupuestaria. No podemos poner en riesgo esos recursos. ¿Alguien se puede creer que el Gobierno de Canarias tiene interés en afectar a personas que quieran acceder a ayudas para alquiler social?. Hay que tener una mente muy retorcida para acusarnos de querer afectar a quienes necesitan estas ayudas para el alquiler. Hemos dispuesto 17,5 millones de euros al alquiler en dos años, y establecido tres líneas de subvenciones para rehabilitar. Esos hechos demuestran el compromiso y el trabajo en la materia”.
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