La alternativa habitacional para Samara y sus tres hijos será ofrecida por el Instituto Canario de la Vivienda, un recurso temporal tras pedir la paralización del desahucio y que “se enmarca en el procedimiento que seguimos en estos casos”. Así lo explicó la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino León Hernández en declaraciones a este periódico tras asegurar que “buscaremos en La Palma, en Los Llanos si es posible, una solución para Samara”. Detalló que “con Samara tenemos un expediente abierto y hemos trabajado con ella y con la familia; le ofrecimos una vivienda de Visocan con un alquiler meses atrás pero no aceptó” hecho del que la afectada se arrepiente ahora, pese a que sostiene que no podía hacer frente al pago del alquiler y que “tenía miedo” de quedarse en la calle.
Por otro lado, la adjunta de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común, Beatriz Barrera, visitó a Samara Bermúdez, la madre de tres hijos, víctima de violencia machista y cuya sentencia de desalojo de la casa que ocupa fue paralizada por el Instituto Canario de la Vivienda durante la mañana del lunes. Barrera explicó que “hemos conseguido dilatar el desalojo para que Vivienda pueda ofrecer una alternativa”, al tiempo que detalló haber trasladado a Samara que “tiene que entrar en el sistema para acceder a una alternativa”. La adjunta del Diputado del Común se mostró sensible con la situación de Samara y aseguró que “este es un desalojo en toda regla pero no se ha vulnerado ningún derecho fundamental”. “Ella misma ha reconocido que ocupó la vivienda ilegalmente y se está en el camino de darle una alternativa, es una madre de tres hijos víctima de violencia de género a la que asesoraremos bien para que no se comentan posibles errores”. Previamente. Barrera mantuvo una reunión con la alcaldesa del municipio, Noelia García, para conocer de primera mano la actuación llevada a cabo por el consistorio en este asunto. La edil explicó a Barrera el protocolo de actuación llevado a cabo por el área de Servicios Sociales, donde se ponen a disposición de los usuarios todos los recursos disponibles. “La denuncia viene dada por la ocupación ilegal de un piso de titularidad pública”, aseguró la alcaldesa. En este sentido, precisó que la denuncia “se ha llevado a cabo para defender el interés general de los vecinos y que las familias susceptibles de vivir en él sean valoradas por los servicios sociales para poder priorizar las necesidades reales. Para ello aprobamos el reglamento de régimen interno en el que se define cómo es el proceso de adjudicación y las normas de convivencia, ya que lo normal es que allí vivan varias familias al ser un recurso alojativo temporal con varias habitaciones”.
Tal y como recoge un comunicado emitido por el gabinete del Diputado del Común, la alcaldesa trasmitió a la Adjunta de Igualdad del Diputado del Común que “espera que no se hagan excepciones con quien incumple la Ley así como que se deje trabajar a los técnicos para que las valoraciones se hagan de forma escrupulosa en función de las circunstancias particulares de cada solicitante, por respeto a muchas familias que esperan a una alternativa alojativa. Posteriormente, la adjunta visitó a Samara en la vivienda que tiene ocupada desde diciembre de 2015 junto a sus tres hijos, para conocer en primera persona su situación tras la paralización del desalojo. “Desde la Adjuntía de Igualdad y contra la Violencia de Género – trasmitió Barrera- se ha actuado con la competencia que nos atribuye la ley, haciendo las gestiones oportunas en materia de derechos fundamentales. Es evidente que la adjudicación de las viviendas sociales se tiene que hacer según el reglamento establecido y el baremo que se contempla en cada Ayuntamiento. En este caso Samara ha ocupado esta vivienda de manera ilegal y lo reconoce. Con esta dilación del desalojo se ha ganado tiempo para poderle ofrecer nuevamente otra posibilidad para ella y su familia, cumpliendo así la labor de la Institución que represento”. Agregó que “para nosotros es fundamental que se puedan cumplir también los derechos del resto de familias de Los Llanos de Aridane a los que, conforme al procedimiento establecido, se les adjudique una vivienda social”. Samara agradeció a Barrera su interés para conocer su caso en primera persona y orientarla sobre los pasos que debe seguir para actuar bajo la legalidad.
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