SOCIEDAD

Intersindical denuncia que el Gobierno de Canarias “castiga a su personal cuando enferma”

Mientras otras comunidades y muchos ayuntamientos ya no rebajan el sueldo a los trabajadores enfermos, el Ejecutivo regional se niega a suprimir este recorte salarial

Sede de la Presidencia del Gobierno de     Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Fran Pallero
Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Fran Pallero

Intersindical Canaria (IC) acusó ayer al Gobierno autonómico de “castigar por estar enfermos” a los empleados de la Comunidad Autónoma, dado que mantiene los descuentos salariales impuestos en toda España a los trabajadores en situación de baja durante la crisis, cuando otras administraciones ya los han eliminado.

“Viendo cómo el resto de administraciones públicas aplican la medida, casi de manera inmediata, el Gobierno canario, que dice defender a los canarios, sigue manteniendo vigente la orden por la que se establecen los términos del descuento en nómina aplicable al personal en supuestos de ausencia por enfermedad o accidente”, critica la organización laboral.

Explica Intersindical que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se recoge que las distintas administraciones públicas “pueden negociar con su personal el abonar el 100 % de sus retribuciones en la situación de incapacidad temporal, desapareciendo el castigo por estar enfermo” que se ha aplicado durante los años anteriores.

El sindicato continúa explicando que como consecuencia de la aprobación de dichos presupuestos nacionales, “la Administración General del Estado acordó eliminar cualquier descuento por enfermedad a su personal, al igual que lo hicieron distintas administraciones autonómicas e incluso muchas de las administraciones locales de nuestra comunidad”. Sin embargo, entre esas instituciones no se encuentra el Gobierno de Canarias, prosigue Intersindical, lo que, a su juicio, demuestra que el Ejecutivo, de Coalición Canaria, “desprecia y penaliza de manera injusta” a sus trabajadores.

Iniciativa

Ante esta situación, desde la fuerza sindical que nos ocupa, una de las más representativas en la función pública regional, se “insta al Ejecutivo canario a que tome la iniciativa y convoque la mesa general de empleados públicos de Canarias y apruebe un decreto para que los empleados públicos de Canarias vuelvan a cobrar el 100 % de sus retribuciones en caso de baja y desde el primer día”.

Sin embargo, el tema no resulta una novedad porque, como bien recuerda el propio sindicato, Intersindical Canaria “ha reclamado al Gobierno de Canarias la eliminación de cualquier descuento por enfermedad del personal en todos los ámbitos de representación y en especial a sus propias administraciones. Las peticiones realizadas tanto en las mesas de negociación como las reclamaciones realizadas han caído en saco roto. Esto es una prueba más de la falta de interés por el sector público canario y por los Servicios Públicos del Gobierno Nacionalista de Coalición Canaria, que prefiere evidenciar su servilismo e incompetencia culpando de todos a Madrid, a estimular a su personal que ha dejado las pestañas para garantizar la salvaguarda de lo que es de todos”.

Ejemplo

Incluso, desde la central sindical se confía en que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo “tome ejemplo del Gobierno vasco”, que el próximo día 19 celebrará mesa negociación sobre “la aprobación de un decreto para que el personal público vuelva a cobrar el 100% de sus retribuciones en caso de baja y desde el primer día” medida que tendrá efectos desde el 1 de setiembre. Para Intersindical, es menester recordar igualmente que los empleados públicos llevan afrontando un recorte de sus derechos “desde octubre de 2012, cuando los empleados públicos vimos rebajado nuestro sueldo a la mitad durante los tres primeros días de baja por contingencia común. A partir del cuarto día de ausencia, la nómina se nos reduce un 25% hasta el vigésimo, que es cuando recuperamos nuestro salario completo. En su momento, el Gobierno de España justificó esa medida por la necesidad de conseguir un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros, en una etapa en la que el déficit público se encontraba disparado. Recordar también que durante ese periodo las prebendas, beneficios, retribuciones e indemnizaciones de los políticos, asesores y altos cargos no sufrió merma”, concluye Intersindical.