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La sanidad pública de Canarias lleva nueve años como la peor de España

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública pone el foco en las listas de espera quirúrgica y de consultas de especialistas; las islas, a la cola junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana
Marcha en defensa de la sanidad pública, en Santa Cruz de Tenerife. Sergio Méndez
Marcha en defensa de la sanidad pública, en Santa Cruz de Tenerife. Sergio Méndez
Marcha en defensa de la sanidad pública, en Santa Cruz de Tenerife. Sergio Méndez

Por Agencias / Diario de Avisos

Canarias, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades autónomas con peores servicios sanitarios, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que sitúa en los primeros puestos al País Vasco, Navarra y Aragón. En rueda de prensa para presentar el informe Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas referido a 2018, el portavoz de la federación, Marciano Sánchez Bayle, destacó la “llamativa” situación de Canarias, farolillo rojo de la sanidad española, y de Cataluña en la baja calidad de su atención sanitaria, algo que achacó a la política de la Generalitat, que, a su juicio, “ha postergado la sanidad para dedicarse a otras cosas”.

Respecto a Canarias y la Comunidad Valenciana, que permanecen en los dos últimos puestos desde hace nueve años, Sánchez Bayle consideró que “la desinversión y el elevado grado de privatización” han provocado esta “situación crítica”.

Uno de los aspectos estudiados para la evaluación es la demora en las listas de espera quirúrgica y de consultas de especialistas. Canarias encabeza la lista de espera quirúrgica, con 177 días de promedio y 123 en el caso de las consultas de especialistas; seguida de Cataluña, con 148 días de espera en el asunto quirúrgico y 98 en el segundo. En el lado opuesto está el País Vasco, con 50 días de promedio de espera para un quirófano y 28 si los pacientes quieren ser atendidos por un especialista de la pública.

Sánchez Bayle dejó constancia del empeoramiento “notable” del sistema sanitario en el conjunto de las comunidades desde 2009 y la “agresión continuada” a los servicios, con recortes anuales entre 15.000 y 21.000 millones de euros en todas las comunidades, “sin excepción”. Y, aunque en los últimos tres años se han producido incrementos presupuestarios, “ni de lejos se ha recuperado la situación previa” de antes de la crisis.

En los puestos más favorables de la lista están País Vasco, Navarra y Aragón, con los mejores servicios sanitarios. Sánchez Bayle recordó que estas tres autonomías se mantienen en los tres primeros puestos desde hace cinco años, con cambios en las posiciones relativas. Además de la demora en las listas de espera, el informe, que evalúa los sistemas sanitarios autonómicos, también atiende a otros indicadores, como el gasto per cápita.

Las comunidades con servicios regulares son Asturias (78); Castilla-La Mancha y Extremadura (77); La Rioja (76), y Madrid (73), y son Baleares (72), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Región de Murcia (66) aquellas con unos servicios sanitarios deficientes. Hay cinco que suben de posición: Andalucía, Baleares y Madrid aumentan dos puestos, y Castilla y León y La Rioja, solo uno. Sin embargo, Galicia y Cantabria ha bajado tres posiciones, y Asturias y Región de Murcia, uno. Los tres primeros lugares en los cinco últimos años los ocupan las mismas comunidades con cambios relativos.

A principios de septiembre, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias denunció que la Consejería de Sanidad beneficia a las empresas privadas porque deja servicios sin cubrir, en unas ocasiones “de modo interesado” y en otras por “infravaloración”. La plataforma recalca que los sistemas sanitarios públicos se basan en una concepción que “choca frontalmente” con los mecanismos de mercado, pues se fundamentan en que las personas reciban la atención sanitaria conforme a sus necesidades y aporten por la vía de los impuestos en función de sus posibilidades. A su entender, si se hiciera de ese modo, pocas posibilidades de “negocio” quedarían para las empresas privadas de provisión y aseguramiento sanitario, salvo que, “como ocurre” en Canarias, sea la Consejería de Sanidad la que deje servicios sin cubrir, de “modo interesado” en unos casos o por infravaloración en otros. Lo anterior sucede, arguye, “con los servicios de urgencias pediátricas, las pruebas de detección precoz del cáncer y con la pobrísima dotación para programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.

Miles de personas marcharon el 19 de mayo por las dos capitales canarias para exigir el apoyo de las fuerzas políticas a un pacto en defensa de la sanidad pública, para el que debe excluirse el uso partidista que, a su juicio, perjudica a la sociedad. Las concentraciones habían sido convocadas por los movimientos de la Marea Blanca, que recabaron el apoyo de formaciones políticas, sindicales y sociales.

A todas estas, Canarias fue la comunidad autónoma que menos recursos destinó en 2016 a servicios públicos fundamentales (sanidad, protección social y educación), con una media de 2.265 euros por habitante y año. Así se desprende de un informe de la Fundación BBVA difundido en junio de este año.

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